EFE.- Un grupo de más de 20 legisladores demócratas pidieron al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el cierre inmediato de dos centros de detención de migrantes en California operados por compañías privadas.
El congresista Lou Correa, la congresista Zoe Lofgren y otros 22 legisladores, incluido el senador Alex Padilla, instaron a Mayorkas a cerrar los centros de procesamiento del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en Adelanto y Otay Mesa.
Los legisladores advirtieron en una misiva sobre el largo historial de graves abusos, maltrato a los migrantes detenidos, falta de protocolos de seguridad de la Covid-19, y condiciones insalubres, entre otras deficiencias descritas en informes recientes de la Oficina del Inspector General (OIG) en estos centros de detención.
La misiva también llama la atención sobre los contratos con estas compañías que, según los legisladores, ya no se ajustan a las prioridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
ICE paga un estimado de 1.34 millones de dólares todos los días en camas no utilizadas a través de contratos mínimos garantizados, como los de Otay Mesa y Adelanto.
Por ejemplo, ICE paga a CoreCivic por un mínimo de 750 detenidos por día en el centro de detención de Otay Mesa, pero en marzo de 2021 este centro tenía un promedio diario de población de cerca de 400 detenidos.
Según un informe de OIG, el 47% de camas en este centro ubicado cerca a la frontera no se usaron de abril de 2020 a marzo de 2021, lo que resultó en más de 22 millones de dinero público malgastado.
Mientras el contrato con el grupo GEO para el centro de detención de Adelanto tiene un mínimo garantizado de mil 455 detenidos, pero en julio de 2021 solo había 99 detenidos en la instalación, subrayan los legisladores en la carta.
Los legisladores también pidieron a Mayorkas el fin del Acuerdo de Servicio Intergubernamental (IGSA) entre ICE y la Cárcel del condado de Yuba, donde actualmente solo hay una única persona detenida por violaciones de inmigración.
Decenas de grupos defensores de los migrantes han denunciado por años las condiciones de estos dos centros en California y llevado a ICE a los tribunales por supuestos abusos.
Más de 60 organizaciones en todo el estado de California respaldaron la misiva de los legisladores y advirtieron que la petición muestra “un mensaje unificado contra la detención de migrantes” en el estado.
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