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AP.- Iván Reyes Arzate, excomandante de la Policía Federal señalado por entregar información tanto a la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) como a cárteles, se declaró culpable el martes de un cargo de conspirar para distribuir cocaína.
Reyes Arzate, quien lideró la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, llamada SIU por sus siglas en inglés (Sensitive Investigative Unit) entre 2008 y 2016, se declaró culpable de narcotráfico ante el juez federal Brian Cogan en una corte neoyorquina.
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La declaración del culpabilidad significa que Reyes Arzate colabora o colaborará con los fiscales y eso podría representar problemas para Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México y quien se encuentra preso en Nueva York acusado de narcotráfico y en espera de ir a juicio.
García Luna trabajó en México en la misma época que Reyes Arzate. Los fiscales del distrito sur de Nueva York han dicho que algunas pruebas en el caso de García Luna son las mismas que en el caso de Reyes Arzate.
Ocurre lo mismo con pruebas que fueron mostrada en el juicio a Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa. El juez Cogan preside tanto el caso de García Luna como el de Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.
Sobre el caso García Luna, el pasado 11 de octubre se reprogramó la audiencia en Estados Unidos en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, para el próximo 3 de noviembre, confirmaron fuentes judiciales.
En esta audiencia, prevista para las 9:15 del 11 de octubre en el Tribunal de Miami Dade, ante el juez William Thomas, se buscaba presentar la demanda civil que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó en el extranjero en septiembre para recuperar activos vinculados con operaciones financieras ilegales realizadas por el exsecretario.
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La acción judicial se presentó en las cortes de Miami, Florida, donde la UIF identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas a los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.
La demanda abarca 39 empresas y fideicomisos pertenecientes a García Luna, “sus cómplices y/o familiares”, que tienen operaciones en Florida y son dueñas de propiedades adquiridas con dinero derivado de un esquema de contrataciones ilegales.
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