AP.- Audelia Molina, una migrante mexicana, ganaba 10 centavos por cada prenda que recortaba en un taller de Los Ángeles, la capital de la confección de prendas de vestir de Estados Unidos. Su sueldo era tan bajo que empezó a trabajar 11 horas diarias para subir su producción. Cuando pidió un aumento, su supervisor se lo negó, por lo que ella renunció en julio del 2017 y acudió a un abogado laboral para que la ayudase a radicar una demanda por salarios no pagados ante la Comisión del Trabajo de California.
Un año después, la justicia falló que Molina cobraba un promedio de 199 dólares a la semana, lo que violaba las leyes laborales, incluidas las que rigen el pago de horas extras y las que disponen que una persona debe ganar al menos el sueldo mínimo del estado, que era de 10.50 dólares la hora. El antiguo patrón de Molina, sin embargo, no le pagó los 23 mil dólares que le debía ni los servicios de los abogados. Su mejor opción era solicitar ayuda de un fondo del estado para trabajadores del sector que fueron robados.
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Le tomó más de dos años a Molina recibir su cheque y su antiguo patrón todavía no reembolsó al fondo estatal, como requiere la ley.
Molina, quien lleva 30 años viviendo en California, se vio envuelta en un ciclo tóxico que existe desde hace siglos: los migrantes trabajan en los oficios peor pagados y más arduos, y son las principales víctimas de patrones que no pagan salarios justos. Y cuando acuden a los tribunales o hacen reclamos ante las autoridades, como en el caso de Molina, generalmente reciben una compensación menor que la que les correspondía con tal de cobrar más rápido o se embarcan en procesos inacabables.
“Te pagan lo que quieren”, dijo Molina, quien hoy tiene 58 años. “Lo único que les importa es que se haga el trabajo lo más rápidamente posible”.
Igual que los ciudadanos estadounidenses, los migrantes cuyos empleos están amparados por el Fair Labor Standards Act (Ley de Normas Laborales Justas) tienen derecho a cobrar horas extra después de trabajar 40 horas semanales a un sueldo mínimo. Pero no es inusual que un migrante, tenga permiso de residencia o no, sea intimidado por el patrón —lo que es ilegal— cuando trata de hacer valer sus derechos.
El Departamento del Trabajo de Estados Unidos no pregunta a las víctimas de presunto robo de salarios si son migrantes o no. Dice que analiza los casos sin importar el estatus migratorio de los trabajadores.
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Sin embargo, un análisis elaborado por el Center for Public Integrity del Departamento del Trabajo y de la Oficina del Censo indicó que los sectores que más migrantes emplean tienen los índices de robo de salarios más altos.
A nivel nacional, el 16% de los trabajadores de Estados Unidos nació fuera del país. Pero en la industria de la maquila, los migrantes constituyen el 42%. De hecho, es uno de los sectores con mayor porcentaje de extranjeros.
El análisis del Centro por la Integridad Pública comprobó también que es el sector con el segundo promedio más alto de violaciones a las leyes salariales en los últimos 15 años.
Otros sectores con gran cantidad de trabajadores migrantes y alta incidencia de robo de salarios son los de agricultura, mantenimiento de edificios y hotelería, restaurantes y servicios alimenticios. En algunas regiones también abunda el robo de salarios en áreas como la construcción, los geriátricos, los depósitos y el lavado de autos.
La principal central obrera del país, AFL-CIO, advierte que es fundamental legalizar el estatus de los millones de migrantes sin permiso de residencia para combatir el robo de salarios. Después de años de parálisis, los demócratas que controlan el Congreso tienen problemas para sacar adelante propuestas que despejarían el camino de muchos migrantes que llevan años viviendo en el país para que regularicen su estatus.
“La migración es una parte integral del crecimiento económico del país”, señaló un informe de 2016 de la Academia Nacional de Ciencias. “Si la economía estadounidense crece y requiere de más trabajadores para reemplazar a los que se jubilan y para crear nuevas empresas e industrias, la principal fuente de empleados serán los migrantes de primera y segunda generación”.
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En Los Ángeles, nadie cuestiona que los trabajadores sin permiso de residencia constituyen un porcentaje importante de los 45 mil migrantes latinoamericanos y asiáticos que trabajan en los talleres que confeccionan la ropa que termina en las estanterías de muchas cadenas de prendas finas y otras tiendas. Cuando surgió la pandemia de Covid-19 el año pasado, muchos trabajadores del sector produjeron cubrebocas y equipos protectores. Unos 300 trabajadores contrajeron el virus en una fábrica, Los Ángeles Apparel; seis de ellos fallecieron.
“La pandemia puso de manifiesto el hecho de que una gran cantidad de migrantes, sobre todo indocumentados, son trabajadores esenciales”, declaró Victor Narro, director de proyectos del Labor Center de la Universidad de California. “¿Qué vamos a hacer por ellos ahora?”, preguntó.
Narro apoya la idea de permitir que estos trabajadores regularicen su estatus, así como una ley que el gobernador de California, Gavin Newsom, firmó el 27 de septiembre, la cual autoriza el trabajo a destajo en la confección de prendas sólo como complemento de un empleo con un sueldo básico y en el marco de un convenio colectivo de trabajo.
El personal del Garment Worker Center, una organización sin fines de lucro en la que Molina se enteró de sus derechos, trabajó años para impulsar esa ley. El personal del Labor Center dice que los reclamos salariales que presentó tenían un salario promedio de cinco dólares la hora, muy por debajo del estipulado por la ley. A partir del 2022, la ley se aplicará también a las tiendas que trabajan con esos talleres.
Un siglo de explotación para los migrantes
La batalla por salarios justos en California trae a la memoria lo sucedido a principios del siglo XX, cuando empleados del sector de la confección de prendas de vestir de Europa pelearon por protecciones que finalmente fueron incorporadas a la Ley de Normas Laborales Justas en 1938.
Los migrantes trabajaban en condiciones muy peligrosas, como las que propiciaron el incendio del Triangle Shirtwaist de Nueva York, en 1911. El edificio quedó envuelto en llamas y 146 personas murieron, incluidas 125 mujeres y niñas migrantes. Trabajadores airados exigieron leyes que los protegiesen y regulasen el trabajo de menores de edad, y le dieron impulso a la adopción de un salario nacional mínimo. Cuando se aprobaron finalmente estas reformas, la migración había disminuido como consecuencia de políticas nativistas, con cuotas y restricciones.
Esas políticas fueron hechas a un lado en 1970 y la migración repuntó. Entre 1990 y el 2007, la población de migrantes sin permiso de residencia se triplicó. Esto generó un bloque de casi 11 millones de personas que eran más vulnerables a los abusos laborales.
Debido a las denuncias de abusos, las autoridades laborales obtuvieron una orden judicial en agosto que prohíbe al dueño de una panadería de Danbury, Connecticut, “tomar represalias o cualquier medida adversa, o amenazar con tomar medidas adversas” contra sus empleados.
El Departamento del Trabajo asegura que la panadería Padaminas NY Bakery advirtió a sus empleados que los despediría o los denunciaría a los agentes del servicio de inmigración si hablaban con funcionarios del Departamento del Trabajo que investigaban a la panadería. La persona que contestó el teléfono de la panadería colgó cuando se le preguntó por ese tema.
