Por Montserrat Peralta
Ni el presidente Andrés Manuel López Obrador ni Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, respondieron a la solicitud de informes previos que les hizo el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de México, el cual determinó incluir a niños, niñas y adolescentes en el Plan Nacional de Vacunación.
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Esto de acuerdo con la resolución emitida el pasado viernes en el juicio de amparo 908/2021-V, el cual fue promovido por un padre de familia para que su hija de 15 años pueda recibir una vacuna contra la Covid-19.
El juicio está dirigido a las autoridades federales encargadas de la estrategia de vacunación, quienes no están obligadas a responder al Juzgado, pero sus explicaciones sirven para las deliberaciones que hace el juez sobre el caso.
“Las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Subsecretaría de Salud, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, fueron omisos en rendir su informe previo, a pesar de estar legalmente notificados; por lo que se presume la certeza del acto que se le atribuye, en términos del artículo 142 de la Ley de Amparo”, se establece en la resolución.
Claudia Irene Gámez Galindo, secretaria del Juzgado Séptimo y en funciones de jueza de Distrito, también pidió informes al gobernador del Estado de México y al delegado de programas para el desarrollo en el Estado de México de la Secretaría de Bienestar, quienes sí respondieron y negaron el acto reclamado.
La autoridad judicial determinó que los efectos de la suspensión definitiva dada a la menor de 15 años deben ser extensibles a todos los menores de 12 a 17 años que hay en el país.
“Los efectos de esta medida cautelar, a pesar de que se solicitó solamente por un padre de familia en representación de su hija menor, ésta debe alcanzar a todos los menores de edad de la república mexicana”, se indica en el documento judicial.
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A partir de que estén legalmente notificadas, las autoridades responsables deben responder en un término de 48 horas e incluir en el Programa Nacional de Vacunación contra la Covid-19 a todos los menores de entre 12 y 17 años para que sean inoculados, según el documento revisado por Latinus.
La resolución judicial también establece que los menores deben ser vacunados entre julio de 2021 y marzo de 2022 y que la vacuna deberá ser la Pzifer BioNTech, porque es la única que tiene autorización para aplicación en menores.
Gámez Galindo agregó que en caso existir desabasto de la vacuna Pfizer-BioNTech esto no debe ser una justificación para no cumplir la resolución del Juzgado Séptimo de Distrito.
