El secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Rogelio Ramírez de la O, defendió la reforma eléctrica presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que, dijo, con el modelo anterior las empresas se aprovecharon del autoabasto energético.
Durante una conversación con el think tank del Atlantic Council expresó que México sigue promoviendo la inversión privada, pero se requería poner un muro entre el Estado y las empresas.
“Había un abuso de los esquemas de proveeduría de energía: el del autobasto. Permitió que las firmas privadas promovieron la simulación, que se parecía más a los negocios financieros”, dijo ante la pregunta de Anthony Wayne, del consorcio.
De la O expresó que el presidente de México está conectado con la gente del país, con la que convive todos los fines de semana en sus giras, con lo que se eliminó la barrera entre el gobierno y la ciudadanía. Sin embargo, aseguró que puso un muro entre los negocios del Estado y los de los consorcios económicos.
“El muro puso final a una practica vieja de darles concesiones públicas o generar políticas para grupos económicos selectos”, aseguró frente al Atlantic Council.
Esta forma de dar concesiones, dijo, también ocurrió en el sector energético lo que dejó en detrimento las finanzas en el largo plazo. De la O recordó que la reforma constitucional en materia energética es apenas un proyecto de ley que está en discusión parlamentaria.
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“Propone un nuevo sistema eléctrico mexicano que promueve un desarrollo ordenado, que favorezca la seguridad, confiabilidad, servicio, continuidad y estabilidad del sistema en la provisión del servicio”, dijo.
Mexico, expresó Ramírez de la O, promueve la participación de la inversión privada en el sector, pero desde la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para proveer a generadores privados y que no puedan usarla como contención financiera y así incentivar la eficiencia de costos.
Wayne comentó que la agencia calificadora Moody’s señaló que la reforma constitucional es negativa para efectos crediticios, pues “disminuiría la transparencia operativa, disuadiría la inversión privada, desincentivaría la generación de energías renovables y probablemente aumente el costo total de la electricidad”, dijo en un comunicado.
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Además recalcó que el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó que actualmente hay comprometidos 44 millones de pesos en programas de inversión en el sector eléctrico, por lo que llamó a respetar las reglas bajo las firmaron contratos distintas empresas del mercado.
Ramírez de la O aseguró que el gobierno se mantiene atento “tanto a los mercados, como a las agencias calificadoras y sus perspectivas para asegurarse que tienen un modelo consistente que no afecte las reglas del mercado”.
