AP.- Irene Castilho ni siquiera tuvo un día para llorar después de que su esposo murió de Covid-19. Ella también estaba enferma, tosiendo y luchando por respirar; él apenas había fallecido cuando ella comenzó a usar la misma máscara de oxígeno. Ese mismo día, el 22 de marzo, fue ingresada en un hospital de Sao Paulo.
La mujer de 71 años había seguido las instrucciones de los médicos al pie de la letra, tomando obedientemente sus dosis de hidroxicloroquina. También tomó ivermectina y una mezcla de antiinflamatorios y vitaminas del llamado kit Covid que su compañía de atención médica, Prevent Senior, le envió por correo a su casa. Aun así, su salud se deterioraba.
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En el hospital, Castilho recibió diálisis y fue intubada. Cuando los médicos consultaron a sus hijas sobre la administración de flutamida, un medicamento que se usa típicamente para el cáncer de próstata, ellas se negaron, preocupadas por los posibles efectos secundarios para su madre, sobreviviente de cáncer de hígado.
Más tarde vieron que una enfermera le administraba flutamida a su madre; les dijo que se lo habían recetado a pesar de su objeción.
Castilho murió a fines de abril, 33 días después que su esposo, y sus hijas esparcieron sus cenizas sobre la tumba de él.
El caso de Castilho es uno de una serie de ejemplos que han dado lugar a acusaciones explosivas contra Prevent Senior, que opera 10 hospitales en Sao Paulo, y han escandalizado a Brasil desde mediados de septiembre.
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Médicos denunciantes, a través de su abogado, testificaron en el Senado la semana pasada que Prevent Senior reclutó a participantes para suministrar medicamentos no probados sin el consentimiento adecuado y obligó a los médicos a recetar medicamentos no probados promocionados por el presidente Jair Bolsonaro como parte de un kit de Covid.
Algunos senadores han dicho que parece que Prevent Senior falsificó los certificados de defunción para omitir la Covid-19 como causa de muerte. Las autoridades también están indagando las quejas de que la empresa realizó la investigación sin el permiso correspondiente.
El caso subraya la fuerte división en Brasil sobre el tratamiento adecuado de los pacientes con Covid-19, y muchos en la nación, incluido el presidente —que no está vacunado— se oponen a las recomendaciones científicas mundiales. Y existe preocupación de que otros proveedores también hayan implementado políticas poco fiables.
