El Código de Conducta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aprobado en 2019 y ratificado en septiembre de este año, obliga a sus empleados, entre ellos investigadores, a no criticar las políticas ni los programas de este organismo.
En el apartado titulado “Conductas de las personas que integran el servicio público del Conacyt” aparece un inciso titulado “Identidad institucional”, en el cual se especifican las restricciones que tendrán los empleados al momento de hablar sobre cosas relacionadas al Conacyt.
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“Abstente de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt en el desempeño de sus funciones”, se lee en el numeral 2 del inciso k).
El documento señala que los trabajadores del Conacyt deberán ser “prudentes” al emitir opiniones en sus redes sociales personales y deberán procurar preservar la integridad de la imagen institucional.
“Abstente de publicar y de anunciar a la ciudadanía información por escrito o en formato electrónico, así como de pronunciar discursos, conceder entrevistas o hacer apariciones públicas en nombre o como representante del Conacyt sin la autorización del área de comunicación social”, indica otro de los lineamientos del Código de Conducta.
Estas normativas aplican para quienes tengan algún empleo, cargo o comisión en el Conacyt, así como a quienes presten servicios de limpieza, vigilancia, recepción, comedor, entre otros.
Las personas que tengan información sobre el incumplimiento de este código deberán presentar una queja al Comité de Ética, el cual analizará el caso. Este Comité podrá emitir recomendaciones o, de ser necesario, remitir el problema al Órgano Interno de Control.
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“Las denuncias podrán ser anónimas, pero en todo caso Conacyt deberá manifestarse al menos una persona a quien le consten los hechos”, se lee en el documento.
Recientemente, el Conacyt ha estado envuelto en polémica porque 31 investigadores y funcionarios que trabajaban o trabajan ahí son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR) por cuatro delitos presuntamente cometidos: delincuencia organizada, lavado de dinero, peculado y uso ilegal de atribuciones y facultades.
A ellos se les acusa de haber participado en un esquema de desvío de fondos a partir del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), que se financia con recursos públicos otorgados al Conacyt.
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