Rosario Robles, extitular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la administración de Enrique Peña Nieto, podría salir de prisión y seguir el proceso en su contra en detención domiciliaria, luego de que un tribunal confirmó el amparo que fue concedido a su defensa en primera instancia.
“Los magistrados del noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal han decidido que confirma el amparo que nos fue concedido en primera instancia, por parte del Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparos, que fue el que determina la posibilidad de un cambio de medida cautelar a favor de Rosario Robles”, dijo Epigmenio Mendieta, abogado de la exfuncionaria federal, en entrevista con la periodista Azucena Uresti para Grupo Fórmula.
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De acuerdo con el abogado, los magistrados desestimaron los argumentos por los que se dictó prisión preventiva a Robles, y que aseguran que no tenía acreditado su domicilio, así como de que existía posibilidad de que evadiera la acción de la justicia saliendo del país, derivado de su capacidad económica.
“Rosario sí tiene un arraigo, tiene justificado un domicilio, pero además no quedó justificado que ella contara con capacidad económica para poderse sustraer a la acción de la justicia”, afirmó Mendieta.
Robles, que también se desempeñara como secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en el sexenio de Peña Nieto, está presa desde el 13 de agosto de 2019 en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, acusada por la Fiscalía General de la República (FGR) del desvío de recursos públicos por la llamada “Estafa Maestra”.
El pasado 4 de octubre, el juez Augusto Octavio Mejía Ojeda, del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, concedió un amparo a favor de Robles, quien acusó al fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de violar su derecho humano a la presunción de inocencia y debido proceso.
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Gertz Manero, tendrá que abstenerse de hacer cualquier declaración pública, revelación o juicios de valor que acusen o aseguren culpabilidad alguna de Rosario Robles.
Los abogados de Robles argumentaron en proceso de amparo que el fiscal violó su derecho a la presunción de inocencia y debido proceso al dar a entender que la exfuncionaria está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, es decir, por no “delatar” a otros funcionarios.
Robles promovió un amparo y al ganarlo el sentido de la resolución obliga al fiscal Gertz Manero a que “tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra”.
