Morena busca echar abajo el blindaje a Cabeza de Vaca; crean comisión en el congreso local

Foto: Facebook Francisco Cabeza de Vaca.

El Congreso de Tamaulipas, de mayoría morenista, creo este miércoles la Comisión Especial para el Estudio y Posible Reforma a la Constitución de Tamaulipas, que pretende dar reversa a las reformas de “blindaje” decretadas por la anterior legislatura y que protegen al gobernador Francisco Javier Cabeza de Vaca.

La iniciativa de punto de acuerdo incluye dar marcha atrás a siete decretos que expidió la legislatura anterior, entre el 23 de junio y el 22 de septiembre-, es decir, después que Acción Nacional perdió la mayoría en el congreso local.

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El principal objetivo de la comisión, de acuerdo con lo establecido por la bancada de Morena, es echar abajo el  decreto que reforma el artículo 84 de la ley local, y por el cual se otorga protección a Cabeza de Vaca, en contra de un posible desafuero.

De progresar los proyectos, para lo cual se necesita una mayoría calificada, que son 24 diputados, quedarían sin efecto incluso la adiciones panistas de otorgar a los ayuntamientos la capacidad de aprobar reformas a la Carta Estatal.

Los legisladores morenistas también pretenden invalidar decretos recientes como el que protege al fiscal general de Justicia de Tamaulipas y a los fiscales especiales, que actualmente les permitiría la reelección y les daría cabida a seguir con el cargo hasta el 2035.

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Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política, el pleno aprobó la “temida” Comisión Instructora, la que se encarga del juicio político y declaración de procedencia para encarcelar a funcionarios.

La integrarán, como propietarios, siete diputados. Presidida por Juan Ovidio García, llevando como compañeros a los también morenistas Humberto Prieto Herrera, Guillermina Deandar y  Gabriel Regalado; los panistas Félix Fernando García Aguiar y  Edmundo José Marón, y al priísta Edgardo Melhem Salinas.

Dentro de las acciones que busca resolver tal comisión está también el decreto que adiciona la Constitución para brindar seguridad personal a los exgobernadores por los seis años siguientes a que terminaron su ejercicio, o de por vida “si las condiciones de riesgo lo ameritan”.

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