José Antolino Orozco Martínez, exjefe de la Unidad de Políticas, Planeación y Enlace de la entonces Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) durante la gestión de Rosario Robles, fue vinculado a proceso por ser probable responsable del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, razón por la cual se le dictó prisión preventiva.
Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR) este martes a través de un comunicado, en el que notificó también que Orozco Martínez fue detenido por elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) a finales de septiembre, en cumplimento de una orden de aprehensión girada en su contra.
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Orozco Martínez es acusado por la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) de presuntamente haber contratado ilícitamente servicios con recursos públicos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).
En la audiencia inicial, la defensa del exfuncionario solicitó diferir de la misma para dar oportunidad de presentar un dictamen pericial, razón por la cual se programó su continuación para los primeros días de octubre.
Así, en la audiencia realizada este martes, el Juez de Control resolvió vincular a proceso a Orozco Martínez, respecto de los hechos imputados por esta Fiscalía, decretando la medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgando un plazo de investigación complementaria de 60 días naturales.
Por su parte, Rosario Robles, extitular de la extinta Sedesol, consiguió un amparo contra el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, mismo tendrá que abstenerse de hacer cualquier declaración pública, revelación o juicios de valor que acusen o aseguren culpabilidad alguna de la exfuncionaria de la administración de Enrique Peña Nieto.
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Los abogados de Robles argumentaron en proceso de amparo que el fiscal violó su derecho a la presunción de inocencia y debido proceso al dar a entender que la exfuncionaria está en prisión por “no ser solidaria con el Estado”, es decir, por no “delatar” a otros funcionarios.
Rosario Robles promovió un amparo y, al ganarlo, el sentido de la resolución obliga al fiscal Gertz Manero a que “tome todas las medidas necesarias para que en lo subsecuente, se abstenga de realizar manifestaciones o juicios de valor respecto de la culpabilidad o responsabilidad de la aquí quejosa, en los hechos materia de las investigaciones que se integran en su contra”.
