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AP — El gobierno de Biden anuló el lunes la prohibición de que las centros de planificación familiar envíen a pacientes a clínicas de aborto, eliminando así una restricción de la era Trump, mientras las batallas políticas y legales sobre el aborto se agudizan desde Texas hasta la Corte Suprema de Estados Unidos.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo que su nueva regulación restaurará el programa federal de planificación familiar a la forma como funcionaba bajo la administración de Barack Obama, cuando las clínicas podían referir a las mujeres con proveedores de servicio de aborto.
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Los grupos que representan a las clínicas de planificación familiar dijeron que esperan que la medida adoptada por el gobierno de Biden logre que regresen cientos de proveedores de abortos que se fueron en protesta por las políticas de Trump, y ayuden a estabilizar un añejo programa que ha sido sacudido por la pandemia de coronavirus además de las batallas ideológicas.
El programa financiado por los contribuyentes, conocido como Título X, pone a disposición de las clínicas más de 250 millones de dólares al año para que proporcionen servicios de control de la natalidad y de atención médica básica, sobre todo a mujeres de bajos ingresos.
Bajo el mandato del expresidente Donald Trump, se prohibió a las clínicas de planificación familiar enviar a las pacientes con proveedores de abortos, lo que provocó una salida masiva de proveedores de este servicio afiliados a Planned Parenthood, así como de varios estados y otras organizaciones independientes.
Los defensores de los derechos de la mujer se unieron el sábado a 660 marchas previstas en todo Estados Unidos para protestar contra los recientes esfuerzos por restringir el acceso al aborto, incluida una nueva ley de Texas que prohíbe los abortos después de alrededor de seis semanas.
En Washington, D.C., los manifestantes marcharon hacia el Tribunal Supremo de Estados Unidos dos días antes de que éste volviera a reunirse para celebrar una sesión en la que los jueces estudiarán un caso de Mississippi, que podría permitirles anular el derecho al aborto establecido en el histórico caso Roe contra Wade de 1973.
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