AP .— La presidencia de Chile negó este domingo que el mandatario Sebastián Piñera haya participado o haya tenido información sobre el proceso de venta de la minera Dominga, luego de la publicación de los llamados Pandora Papers, una investigación periodística que denuncia el ocultamiento de activos en paraísos fiscales por parte de multimillonarios y líderes en todo el mundo.
“El presidente de Chile nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010”, cuando el mandatario ya no tenía participación en la administración de las empresas, expresó la presidencia, y señaló que estos hechos ya fueron investigados “en profundidad” por la justicia chilena.
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Los Pandora Papers, publicados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación con la participación del medio CIPER en Chile, señalan que la familia de Piñera y su esposa Cecilia Morel fueron los mayores accionistas del polémico proyecto de la minera Dominga y que, junto con su amigo empresario Carlos Délano, sumaban el 56% de la propiedad. En 2010, Délano compró la participación de Piñera y otros socios por 152 millones de dólares.
Las operaciones se habrían llevado a cabo en las Islas Virgenes Británicas e implicaban el pago en tres cuotas. El último y más polémico de los pagos estaría sujeto a que la zona donde iba a operar la mina no fuera declarada de protección ambiental, con el fin de impedir que se obstaculizara la instalación del proyecto, que además de la minera también suponía la construcción de un puerto.
Según la publicación, los inversionistas, incluida la familia Piñera Morel, habrían obtenido una ganancia de 1000% en 18 meses.
La zona de Punta Choros en Chile donde se ubicaría el proyecto es conocida por su alto valor ambiental, cercana a la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt, donde habitan especies protegidas y donde también es frecuente el avistamiento de delfines australes y ballenas, entre muchos otros animales. Recientemente una Comisión de Evaluación Ambiental regional le dio luz verde al proyecto de la minera, lo que generó manifestaciones opositoras.
Por el momento no ha sido calificada de zona protegida ambiental ni en el primer gobierno (2010-2014), cuando se produjo la venta, ni en el actual segundo mandato de Piñera.
“La información que acabamos de conocer es gravísima. Sebastián Piñera evade impuestos en paraísos fiscales, oculta información relevante y además siempre privilegia su interés personal sobre el bien común”, señaló el candidato presidencial de izquierda Gabriel Boric. El proyecto de la minera Dominga es “un atentado contra el medioambiente y un ecosistema único que tenemos en Chile y debemos proteger”, añadió.
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En la misma línea se manifestó la organización ambientalista Greenpeace. “Los antecedentes presentados permiten suponer un conflicto de interés evidente entre el interés colectivo y público de proteger una zona invaluable por su biodiversidad y el interés económico y familiar de la presidencia”, afirmó Matías Asún, presidente de la filial chilena del organismo. “Hay que recordar que la declaración de protección ambiental es una decisión que requiere de un rol preponderante de la propia presidencia y por lo mismo debe ser investigado en profundidad”.
En su comunicado, la presidencia señala que los hechos ya fueron investigados por los tribunales chilenos.
“La Fiscalía de Chile recomendó terminar la causa por inexistencia de delito” y la falta de participación de Piñera en la operación, señala la presidencia en el texto, manifestando que esta decisión fue acogida por el tribunal de primera instancia y “ratificada unánimemente” por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema.
Sin embargo, algunos de los antecedentes del caso —como la condición de que sólo se haría el tercer pago si se efectuaba un cambio regulatorio que no protegiera la zona donde se iba a instalar el proyecto— apenas se dieron a conocer públicamente el domingo.
La presidencia reiteró que Piñera “no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de 12 años, antes de asumir su primera presidencia”, y ni él “ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior”.
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“Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad”, se añade en el comunicado, y también se señala que, desde 2018 y siguiendo la ley de Probidad, los activos de Piñera se encuentran en fideicomisos ciegos y el presidente “no conoce las inversiones realizadas”.
Además, se afirma en el texto, Piñera y su familia se han sometido de forma voluntaria “y pese a que la ley no lo requiere” a fideicomisos ciegos sobre su “participación en sociedades anónimas listadas en Chile”.
