Este lunes se lanzó una petición en la plataforma Change.org en la que se exige que se detenga la orden de aprehensión solicitada a un juez por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 31 integrantes del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), al considerar que se les persigue por sus “por posturas ideológicas y políticas”.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en su sesión del 14 de julio pasado suspender el juicio de amparo solicitado por estas 31 personas, luego de que María Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, los acusó penalmente de haber recibido recursos ilegales durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Queda firme la sentencia recurrida respecto al sobreseimiento correspondiente al Artículo 8, Fracción iii,Inciso b), del Estatuto Orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; Artículo 38 de la Ley de Ciencia y Tecnología; oficio fp/100/553/2019 y el oficio a000/342/2019, en términos del considerando tercero de esta resolución. Se modifica la sentencia recurrida. Se sobresee en el juicio de amparo. El recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable se declara sin materia”, dice el expediente.
Siete días después de emitido el fallo de la SCJN, detalla la petición en Change.org, la FGR solicitó al juez del Centro Federal de Readaptación Social Número 1 “El Altiplano” la orden de aprehensión por uso de fondos de procedencia ilícita en contra de las 31 integrantes del FCCyT, órgano autónomo de consulta de la Junta de Gobierno del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
“La forma como se interrumpió el proceso judicial en curso y el hecho de haber radicado la causa en un penal de máxima seguridad destinado a delincuentes de la más alta peligrosidad, muestran que el Fiscal general (Alejandro Gertz Manero) está tratando de atemorizar a quienes, desde la comunidad académica, han expresado pública y abiertamente sus diferencias con las actuales políticas del Conacyt”, manifiesta la petición, que fue lanzada por integrantes de diversas instituciones académicas y científicas del país.
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En un comunicado publicado el pasado 28 de julio, el Conacyt se pronunció sobre el fallo de la SCJN: “En suma, la citada resolución da por concluido el litigio iniciado por la asociación civil y reafirma el Estado de Derecho, así como la legitimidad y legalidad de las decisiones tomadas por la autoridad federal, al evaluar la pertinencia de no otorgar financiamiento a una entidad privada que sustituyó las funciones de un órgano interno del Conacyt”.
