EFE.- Las fuerzas de seguridad y grupos de exterminio en El Salvador perpetraron al menos 18 ejecuciones extrajudiciales entre 2015 y 2020, según un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) presentado este jueves.
El informe, elaborado con datos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), da cuenta de 13 casos con 18 víctimas.
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Son 5 los casos registrados por la PDHH con 10 víctimas de ejecución extrajudicial atribuidos a las Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada, y en los que la versión oficial es que se dieron en un “enfrentamiento armado” o “agresión ilegítima”.
El Idhuca también procesó 8 casos, con igual número de víctimas, de las que 7 habrían sido ejecutadas por agentes de la PNC y una por un grupo de exterminio.
En la mayoría de estos casos, señala el informe, previamente los uniformados habrían amenazado a las víctimas y a sus familiares.
“El estudio lo que demuestra es que hay abuso de la fuerza de parte de las instituciones del Estado, que hay encubrimiento y que no hay deseo de analizar a fondo la realidad y mucho menos de hacer propuestas que mejoren la situación”, dijo en la presentación del informe el director del Idhuca, José María Tojeira.
El jesuita llamó a la tipificación del delito de ejecuciones extrajudiciales, que actualmente no está en la legislación salvadoreña y a los uniformados se les procesa únicamente por homicidio simple.
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El documento señala que entre 2015 y 2020 fueron procesados penalmente por feminicidio y homicidio mil 365 policías y soldados, de los que fueron condenados 25, menos del 2%.
Un informe de 2019 de la PDDH, señala que los agentes de la PNC ejecutaron al menos a 116 personas entre los años 2014 y 2018.
Ese fue el primer documento elaborado por una instancia estatal en el país centroamericano que dio cuenta de un patrón de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al cuerpo de seguridad, fenómeno denunciado constantemente por las organizaciones sociales y las Naciones Unidas.
En 2018, la entonces relatora especial de Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard, denunció en una visita a El Salvador estos crímenes y pidió al Gobierno “esfuerzos más serios” para eliminar el problema.
