Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado de la República, comentó este jueves que se aplazó la discusión en el pleno del Senado para votar la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia porque se busca generar un acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios, principalmente los de oposición, para su aval definitivo.
Monreal anunció que este retraso se debe, en parte, a que se busca evitar la impugnación de la ley en caso de aprobarse, tal como amenazaron legisladores de oposición el martes pasado.
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“Queremos salvar cualquier intento de inconsistencia constitucional que diera lugar a una controversia o acción de inconstitucionalidad. Por eso estamos intentando todavía en este momento lograr un acercamiento con los grupos parlamentarios. Están trabajando en este momento. Están intentando llegar a estos acuerdos y será más tarde que podemos leer el dictamen”, comentó Monreal.
En una rueda de prensa dentro del Senado, Ricardo Monreal comentó que este retraso provocó que se omitiera, de manera provisional, la discusión en el pleno, ya que la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia era el primer punto a discutir en la sesión de hoy.
Pese al retraso, el senador morenista prevé que la ley se apruebe en la sesión de hoy. “Tampoco es forzando tiempos. Estamos dando el tiempo correcto para lograr estos consensos”, concluyó.
El martes pasado, durante la sesión en las comisiones de, Justicia y de Estudios Legislativos Segunda, senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), amagaron con impugnar esta nueva ley por ser inconstitucional.
Durante la discusión en comisiones, ambas fracciones argumentaron que no se puede obligar a los congresos locales a acatar las resoluciones del Congreso federal en cuanto a declaraciones de procedencia o desafueros, tal como indica la nueva ley.
Esta normativa busca evitar que se repita lo sucedido en Tamaulipas con el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien logró mantener el fuero porque el congreso estatal no homologó la decisión de la Cámara de Diputados, la cual había aprobado su desafuero.
