La Cámara de Diputados aprobó en lo particular, sin modificaciones, el decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Armada de México con la que se prevé otorgarle a los elementos de la Marina el control de algunas labores portuarias, de seguridad y protección marítima.
Con 257 a favor, 210 en contra y 2 abstenciones, los legisladores respaldaron la iniciativa que envió en julio pasado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para permitir a las fuerzas armadas, en específico de la Secretaría de Marina, que asuman en sus funciones de Autoridad Marítima Nacional tareas que hasta el momento realiza personal civil. La nueva ley pasa al Ejecutivo para su promulgación.
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Con la entrada en vigor de esta ley, se abroga la Ley Orgánica de la Armada de México, publicada el 30 de diciembre de 2002 en el Diario Oficial de la Federación, y se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente.
Legisladores de oposición afirmaron que con la nueva norma se terminará de militarizar el país al permitir la intervención de los elementos en tareas de seguridad pública que, según la Constitución, deben desempeñar autoridades civiles.
Recomendaron que la discusión del proyecto se llevará a un parlamento abierto para escuchar la opinión técnica de especialistas. Sin embargo, la mayoría parlamentaria rechazó la petición y desechó todas las reservas con las que se pretendía modificar la ley.
“Mientras el Senado se toma su tiempo para estudiar los asuntos aquí parecemos una cámara de trámite, dispuestos (la mayoría) a aprobar sin cambiar una coma a lo que nos remite el Senado o el Ejecutivo”, criticó la diputada del PRI, Ana Lilia Herrera.
Salvador Caro Cabrera, diputado de MC, dijo que también se expondrá a los integrantes de la Armada a que incurran en actos de corrupción al realizar tareas civiles para las cuales no fueron entrenadas.
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De acuerdo con la exposición de motivos, con la nueva ley se prevé facultar a los elementos para “ejercer funciones de guardia costera para mantener el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas, costas y recintos portuarios, además de la seguridad y protección marítima”.
La ley orgánica de la Armada de México también permite dar de baja y sancionar con medidas más duras a los elementos de la Marina que se unan al crimen organizado; amplía las atribuciones de la Marina en materia de protección marítima en costas y puertos y crea la Unidad de Policía Naval, que trabajará en conjunto con la Guardia Nacional.
Los efectivos que cometan dichas faltas serán llevados ante un tribunal militar o un tribunal civil y las sentencias podrían alcanzar hasta los 40 años de cárcel.
También se incluye la definición de las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP), que realizarán acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y control en funciones de guardia costera dentro de los recintos portuarios.
