La Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) aprobó este martes la despenalización del aborto en Coahuila al confirmar que la actual legislación violenta los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.
En sesión del pleno de la Corte, 10 de los 11 ministros votaron a favor del proyecto a cargo de la ponencia de Luis María Aguilar Morales. El voto faltante fue por la ausencia de un ministro.
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Al aprobar el proyecto, la Suprema Corte también fijó una jurisprudencia que obliga al resto de los estados a reconocer como inconstitucional las disposiciones legales que buscan criminalizar al aborto.
“Con este criterio unánime no sólo se invalidan las normas sino se establece un criterio obligatorio para todos lo jueces y juezas del país. A partir de ahora no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado este Tribunal”, dijo Arturo Zaldívar, ministro presidente de la SCJN.
La ministra Margarita Ríos-Farjat se pronunció en contra de estigmatizar a quienes recurren al aborto y rechazó que se califique como “malas” o “egoístas” a las mujeres que toman esa decisión.
“Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar”, expuso al coincidir con el proyecto.
En el proyecto aprobado, se establece “la garantía de que las mujeres o personas gestantes que así lo decidan puedan interrumpir su embarazo en las instituciones de salud pública de forma accesible, gratuita, confidencial, segura, expedita y no discriminatoria”.
José Franco González-Salas también votó a favor al indicar que las mujeres y personas gestantes no deben ser criminalizadas por interrumpir su embarazo.
Recordó que, en 2007, respaldó un proyecto en el mismo sentido para que despenalizara en el entonces Distrito Federal el aborto a partir de la semana 12.
Algunos ministros también coincidieron en eliminar la limitación de tiempo para permitir la interrupción del embarazo.
En la sentencia se alega que no debe pesar ninguna sanción penal en contra de las mujeres o personas con la capacidad de gestar que decidan “sobre su vida, su cuerpo y su elección a ser o no madre”.
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Los ministros declararon inconstitucional del artículo 196 del Código Penal local, que actualmente establecen que “se impondrá de uno a tres años de prisión, a la mujer que voluntariamente practique su aborto o a la persona que la hiciere abortar con el consentimiento de ella”.
El caso llegó hasta el máximo Tribunal luego de que, en 2017, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) promoviera una acción de inconstitucionalidad asegurando que el Código Penal de Coahuila atenta contra los derechos de autonomía y libertad reproductiva de las mujeres.
En su recurso, la PGR también consideró que los diputados locales no debían establecer la medida de prisión preventiva oficiosa para quien practicara un aborto o recibiera ayuda para hacerlo, porque se trataba de una facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
Un día antes, al anunciar su voto a favor, el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, afirmó que las razones que llevan a abortar a una mujer, las condiciones de insalubridad y clandestinidad en que algunas se ven forzadas a hacerlo, las secuelas, la criminalización de las que son objeto o la obligación de llevar un embarazo no deseado, producen un dolor humano inimaginable.
Aseveró que las mujeres y niñas que viven en condiciones de marginación económica y social son las más afectadas con la criminalización del aborto.
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“El tipo de aborto castiga a las mujeres más pobres, más marginadas, olvidadas y discriminadas de este país, es un delito que en los hechos castiga a la pobreza (…) Nos corresponde como Tribunal reconocer de una vez por todas el derecho fundamental a la interrupción del embarazo y darle plena efectividad. Es una exigencia constitucional básica impostergable, cimentada en la dignidad y libertad de todas las mujeres que nuestra Constitución protege”, dijo.
