El partido Movimiento Ciudadano (MC) informó este sábado que impugnará ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la sanción que aprobó el Instituto Nacional Electoral (INE) contra el partido por las aportaciones de familiares en beneficio de la candidatura de Samuel García, ahora gobernador electo de Nuevo León.
Movimiento Ciudadano acusó que el INE no realizó una investigación exhaustiva sobre las aportaciones que recibió Samuel García mientras era el candidato del partido para la gubernatura de esa entidad.
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“Sobre las supuestas aportaciones de familiares de Samuel García a Movimiento Ciudadano, reiteramos: en todo momento se actuó de buena fe, apegado a los principios de transparencia y rendición de cuentas. Se recibieron únicamente aportaciones de militantes y personas físicas que cumplieron con los requisitos legales y reglamentarios”, argumentó el partido en un comunicado.
Movimiento Ciudadano también criticó que la multa que aprobó el INE, por casi 30 millones de pesos, se fijó sin fundamentos y sin explicar de qué manera se cometió una violación a los lineamientos electorales.
Ayer, el Consejo General del INE confirmó la sanción económica por 28 millones 53 mil pesos al partido por las aportaciones de familiares de Samuel García en beneficio de la candidatura electoral.
El órgano electoral señaló que Samuel García recibió recursos por parte de las personas morales Firma Jurídica y Fiscal Abogados S.C; Firma Contable y Fiscal Contadores y Financieros S.C; y, SAGA Tierras y Bienes Inmuebles, S.A. de C.V. Estas empresas están vinculadas con la madre y los hermanos del gobernador electo de Nuevo León.
“Existe certeza de que la triangulación de recursos se tradujo en la obtención de más de 14 millones de pesos por el partido político”, indicó ayer la consejera del INE Carla Humphrey tras emitir la resolución.
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Es la segunda ocasión que el INE determina multar al partido, ya que en julio lo habían hecho por la misma razón, pero el 25 de agosto, la Sala Superior del TEPJF decidió por unanimidad revocar la sanción.
En el proyecto aprobado por los magistrados del Tribunal se indica que la autoridad fiscalizadora del INE no ejerció de manera exhaustiva sus facultades de investigación, dado que no llamó a las personas físicas y morales involucradas en la supuesta triangulación de recursos para que justificaran la licitud de la transacción.
