El Senado de la República aprobó, en lo general y en lo particular, la nueva ley orgánica de la Armada de México, la cual permite dar de baja y sancionar con medidas más duras a los elementos de la Marina que se unan al crimen organizado.
Además, amplía las atribuciones de la Marina en materia de protección marítima en costas y puertos y crea la Unidad de Policía Naval, que trabajará en conjunto con la Guardia Nacional.
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Con 84 votos a favor, 11 votos en contra y 8 abstenciones, el pleno del Senado determinó este jueves avalar el dictamen, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
La nueva Ley Orgánica de la Armada de México contempla, entre otras cosas, endurecer las penas contra los elementos corruptos, a quienes se castigará por el delito de “traición a la patria” en caso de que cometan actos ilícitos o se relacionen con el crimen organizado.
Con esta nueva normativa, los efectivos que cometan dichas faltas serán llevados ante un tribunal militar o un tribunal civil. Sus sentencias, además, podrían alcanzar hasta los 40 años de cárcel.
Asimismo, se incluye la definición de las Unidades Navales de Protección Portuaria (UNAPROP), que realizarán acciones de vigilancia, verificación, visita, inspección y control en funciones de guardia costera dentro de los recintos portuarios.
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El senador Emilio Alvarez Icaza apuntó que sólo se le hicieron tres modificaciones en comisiones a la propuesta enviada por el presidente y aseguró que, con la aprobación, se “pavimenta el camino a la militarización” del país. “Les estamos abriendo una puerta profundamente peligrosa”, dijo al pleno.
La ley incorpora un lenguaje incluyente y brinda mayor certeza jurídica a la institución y al personal, de acuerdo con lo planteado en el dictamen, que fue presentado por el senador Eruviel Ávila.
También precisa los diferentes niveles de mando bajo principios incluyentes y con el impulso a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades entre mujeres y hombres.
El 14 de julio pasado, el presidente López Obrador envió a la Comisión Permanente esta ley que abroga la de 2002.
Damián Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano, también manifestó su rechazo y aseguró que, “por respeto a las fuerzas armadas”, se declararon en contra de que los militares tengan responsabilidades civiles, como construir puentes, aeropuertos, detener migrantes o repartir medicamentos.
Con información de EFE.
