La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves en lo general la Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia para regular el procedimiento que permitiría someter a un proceso judicial al presidente de la República y a cualquier servidor público, así como obligar a los congresos locales a acatar lo que defina el Congreso federal.
En la primera sesión de la LXV Legislatura, los legisladores avalaron la iniciativa por una votación de 273 a favor, 220 en contra y 0 abstenciones. Por lo anterior, se abroga la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
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Tras el aval en lo general, los legisladores procederán a la discusión en lo particular de 60 reservas al proyecto.
Al presentar la propuesta, el diputado morenista Jaime Humberto Pérez dijo que la iniciativa “trata de regular el procedimiento constitucional que permitirá someter a juicio penal al presidente cuando en el ejercicio de su función incurra en delitos de traición a la patria, hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos delitos por los que podría ser enjuiciado cualquier ciudadano”.
Pérez indicó que el objetivo es abrogar la ley federal de responsabilidades de los servidores públicos por un nuevo marco jurídico. Además, explicó que en la iniciativa se plasmó el resultado de una investigación de la Comisión de Gobernación y Población de la pasada legislatura.
“Advertimos que la ley vigente mantiene un intrincado y rebuscado serial de procedimientos que no tienen como finalidad la justicia, sino crear posibilidades para que el funcionario corrupto encuentre recovecos y eluda la imposición de una sanción”, dijo el morenista.
Legisladores de oposición presentaron mociones suspensivas en contra del proyecto y pidieron que se analizara en comisiones. Ana Lilia Herrera, diputada del PRI, criticó que la iniciativa “violenta el proceso legislativo”, ya que Morena la incorporó a la orden del día de la primera sesión de la nueva legislatura como preferente, aunque el “70% de los integrantes desconoce su contenido”.
Según la iniciativa, se podrá someter a juicio al Ejecutivo federal luego de que el Ministerio Público presente una solicitud y siempre que se encuentren debidamente cumplidos los requisitos para el ejercicio de la acción penal en contra del presidente.
“En la solicitud, el Ministerio Público deberá acompañar copia certificada de todas las constancias que integran la carpeta de investigación, en su caso, si las investigaciones y diligencias fueron agotadas y está en posibilidad de ser judicializada deberá acompañar la resolución sobre el ejercicio de la acción penal”, expone el documento.
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Dentro de las modificaciones también se establece que una vez que se inicien los procedimientos no se podrán suspender durante los recesos de ambas Cámaras, por lo que las Comisiones y Secciones deberán continuar hasta que concluya el trámite.
“Cuando se trate de una declaración de procedencia seguida en contra del presidente de la República, la Cámara de Diputados deberá solicitar a la Comisión Permanente que convoque a esa Cámara a un periodo extraordinario de sesiones para que erija en órgano de acusación. Lo propio hará el Senado al asumir funciones de Jurado de Sentencia”, añade.
En el caso de juicio político contra los gobernadores, diputados locales, magistrados del Tribunal Superior de Justicia, así como los organismos autónomos locales, se determina que la declaratoria de procedencia que se lleve a cabo a nivel federal sólo tendrá efectos declarativos y se comunicará a la Legislatura local para que, en ejercicio de sus atribuciones, “proceda como corresponda en estricta observancia de lo decretado”.
En todos los casos, las denuncias o querellas anónimas no se tomarán en cuenta para solicitar la declaración de procedencia.
