La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó este miércoles que el Pleno del máximo tribunal analizará la legalidad respecto a la militarización de la seguridad pública en México establecida por acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Por unanimidad, los ministros de la Segunda Sala de la SCJN determinaron como infundado el recurso de reclamación presentado por el Ejecutivo federal en el expediente 54/2020.
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Esta tarde, Laura Rojas, expresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, celebró la decisión de la Suprema Corte y dijo que “por fin” se analizará si las labores de seguridad realizadas por las Fuerzas Armadas se enmarcan en la Constitución.
“Se desestimaron los argumentos de quienes decían que el o la Presidenta de la Cámara (de Diputados) no podía presentar controversias constitucionales por sí, sin aprobación del pleno”, expresó en redes sociales.
El Ejecutivo reclamó la decisión de la ministra Margarita Ríos Farjat, quien en junio del 2020 admitió a trámite la controversia constitucional que presentó Rojas Hernández en representación de los diputados de oposición.
El expediente 90/2020 señala que el acuerdo presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 11 de mayo de 2020, dispone que de las Fuerzas Armadas “para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”.
Dicho acuerdo publicado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el DOF, ordena la militarización de la seguridad pública por cuatro años, hasta el 12 marzo de 2024.
Luego del recurso emitido por Rojas Hernández ante la Corte, el equipo jurídico de la presidencia de la República acusó que hubo falta de legitimidad por parte de la exdiputada, por lo que presentó la reclamación contra la controversia aceptada a trámite.
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El Ejecutivo consideró que era necesario que la controversia fuera discutida por el Pleno de San Lázaro, así como que fuera aprobada por una tercera parte de los legisladores.
