La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) aseguró que las empresas quieren cumplir con los compromisos adquiridos en materia de subcontratación laboral u “outsourcing“; sin embargo, alertó sobre afectaciones en el sector servicios y el de la construcción ante la falta de tiempo para la implementación de la reforma.
Este miércoles entró en vigor la prohibición al outsourcing bajo un argumento del gobierno federal de justicia laboral a pesar del reclamo de cámaras empresariales, que exigían una prórroga y advertían de la pérdida de empleos.
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La Coparmex alertó sobre mayores afectaciones en el empleo en los sectores de la construcción, el de seguridad y el de servicios de promoción de productos en pisos de venta.
“No dar el tiempo adecuado para la implementación de la reforma en materia de subcontratación tiene como consecuencia el riesgo de perder empleos y afectar a por lo menos tres sectores de la economía“, aseguró la Coparmex.
Lamentó la insistencia del Gobierno federal de no dar prórroga a la entrada en vigor de esta legislación.
Coparmex recordó que en abril solicitó que la entrada en vigor se aplazara al 1 de enero de 2022, pues la condición de la pandemia y las inconveniencias que esta representa podrían afectar las obligaciones que se debían cumplir.
Ya publicada la reforma, la Confederación pidió nuevamente que se aplazara la entrada en vigor pues consideró insuficiente el plazo para ejecutar todas las adecuaciones en las que se verían inmersas las empresas.
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Esta petición, destacó, quedó señalada con la prórroga que se concedió hasta el día de hoy 1 de septiembre, pero también se le calificó como poco suficiente y que el periodo debía homologarse con el plazo concedido a las empresas del sector público.
La Coparmex informó que 106 mil empresas habían iniciaron el trámite en el Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas (REPSE) y sólo 48 mil 444 lo obtuvieron.
“Pese a que este registro continuará para que las empresas puedan concluir el proceso, siguen existiendo dudas en los criterios de interpretación de la autoridad respecto a algunos sectores e industrias, generando confusiones como en el de la construcción, servicios de seguridad, la actividad de promotoría de productos, entre otros, que podrían enfrentar paros en sus operaciones, pues al no estar registradas las facturas que emitan no serán deducibles”, destacó la patronal.
Coparmex reconoció el avance de las empresas y aseguró que insistirá a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y al Congreso, para que se homologue el plazo de implementación al 1 de enero de 2022 y con ello evitar la pérdida de empleos y afectaciones a la economía.
Lamentaron que una reforma, “lograda tras meses de negociación entre los sindicatos, el gobierno y las organizaciones empresariales, pueda ahora tener efectos negativos debido a que no cuenta con el tiempo adecuado de implementación”.
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