El Ministerio Público de Perú solicitó este martes 2 años y 11 meses de cárcel para el secretario general del partido gobernante Perú Libre, Vladimir Cerrón, por presunta malversación de fondos cuando fue gobernador de la región centro andina de Junín, entre 2011 y 2014.
La fiscal María Angélica Huamán, del Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín, pidió 35 meses de pena privativa de libertad contra Cerrón y otros siete exfuncionarios del Gobierno regional por el presunto desvío irregular de 2.8 millones de soles (unos 700 mil dólares).
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Según la acusación fiscal, presentada este martes en la audiencia de instalación del juicio por este caso, los imputados habrían desviado este monto destinado para una obra de reforestación en el Valle de Mantaro a la ejecución de otros nueve proyectos.
“Probaremos que dispusieron ilegalmente la modificación presupuestaria del proyecto reforestación del margen derecha del Valle de Mantaro de la suma total de 2.8 millones de soles, presupuesto que fue desviado de forma definitiva y diferente y afectó la ejecución del proyecto, que quedó inconcluso”, expuso Huamán en la audiencia.
Ante estos presuntos hechos, además de la pena de 2 años y 11 meses de cárcel, la fiscal anticorrupción solicitó la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una reparación de 100 mil soles (25 mil dólares) de manera solidaria entre los acusados.
Durante la audiencia, la defensa de Cerrón negó cualquier irregularidad en la ejecución del presupuesto, solicitó la absolución de su cliente y alegó que este caso ya prescribió el pasado mes de enero por haber ocurrido en 2012.
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Cerrón ya cumple actualmente una condena de 4 años de prisión suspendida (sin cárcel) por la comisión de un delito contra la administración pública, en la modalidad de negociación incompatible.
Esta sentencia impidió al fundador y secretario general de Perú Libre ser candidato en las elecciones presidenciales que ganó Pedro Castillo.
Asimismo, el médico está siendo investigado por el caso denominado “Los dinámicos del centro”, que indaga la presunta financiación ilegal del partido a través de cobros realizados por la Dirección Regional de Transportes de Junín, donde los funcionarios pedían supuestamente sobornos a los solicitantes de licencias de conducir.
