EFE.- Amnistía Internacional (AI) y la asociación #SeguridadSinGuerra exigieron este martes al gobierno de México desmilitarizar la seguridad pública tras las agresiones de la Guardia Nacional (GN) contra migrantes centroamericanos.
“La Guardia Nacional está siendo utilizada como cuerpo de control migratorio, tanto en la frontera norte como en el sur de México, atentando contra los derechos de migrantes y solicitantes de protección internacional”, denunciaron en un pronunciamiento conjunto.
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El posicionamiento se publica después de que esta semana, elementos de la Guardia Nacional, un cuerpo con formación militar creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, mientras golpean y amenazan a migrantes de una caravana en Chiapas.
En una de las acciones, se aprecia cómo un agente derriba a la persona y ya en el suelo un segundo elemento lo patea en el rostro.
Tras el hecho, el Instituto Nacional de Migración suspendió a dos agentes federales, pero las asociaciones civiles cuestionaron la actuación de los cuerpos de seguridad.
“Recientemente, el secretario de la Defensa Nacional (Luis Cresencio Sandoval) aseguró que las Fuerzas Armadas tienen como uno de sus objetivos detener toda la migración en la frontera sur”, indicaron en el comunicado.
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Previo al tercer informe de gobierno de López Obrador, que será este miércoles, las asociaciones también pidieron “que reitere su compromiso de devolver las Fuerzas Armadas a sus cuarteles para el año 2024 y publique la estrategia nacional a partir de la cual se logrará el desarme del país”.
Amnistía Internacional recordó su reporte de 2020, en el que advierte que este gobierno ha desplegado a más efectivos militares en la estrategia de seguridad pública que las dos administraciones anteriores.
Las organizaciones expresaron su preocupación por la iniciativa de López Obrador, quien ha anunciado una reforma constitucional para que la Guardia Nacional esté bajo el mando de la Sedena.
“Tras dos años y medio de la creación y funcionamiento de la Guardia Nacional y a la luz de los hechos aquí señalados, existe poco material que sugiera que la estrategia de seguridad del gobierno de México represente un cambio verdadero o una nueva era de respeto por los derechos humanos”, concluyeron.
