EFE .- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) condenó este miércoles la desaparición del activista Vicente Suástegui Muñoz, ocurrida el pasado 5 de agosto en el estado de Guerrero.
“Esta Comisión reprueba todo acto de violencia, especialmente cuando atenta contra los defensores de derechos humanos, como en el caso de Vicente Suástegui Muñoz y su hermano Marco Antonio Suástegui Muñoz”, señaló el organismo en un comunicado.
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De acuerdo con las autoridades, Suástegui fue secuestrado el jueves 5 de agosto al regresar a su domicilio en un taxi colectivo que conducía.
Según testigos, el activista fue interceptado por una camioneta roja en la que iban tres personas armadas, quienes le cerraron el paso, lo golpearon y le dispararon para subirlo por la fuerza a su vehículo, llevándoselo con rumbo desconocido.
Suástegui era miembro del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositora a la Presa La Parota (Cecop). Tanto él como su hermano fueron víctimas de hostigamiento, persecución, represión, detención arbitraria y tortura por haber defendido del agua y el territorio de 24 comunidades indígenas y rurales en Guerrero.
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Además, en julio pasado, integrantes de la Secretaría de Marina (Semar) intentaron ingresar de manera violenta a su domicilio, acusándolo de tener un reporte de venta de drogas.
Por estos hechos, la CNDH exigió la presentación del activista con vida y solicitó al gobierno mexicano emprender urgentemente “todas las acciones que sean necesarias para su pronta localización”.
Asimismo, pidió implementar medidas de protección para los familiares para garantizar su vida e integridad personal y prevenir hechos de difícil o imposible reparación, así como proporcionarles atención integral, asesoría jurídica, acompañamiento y contención emocional. Exhortó también a que las autoridades estatales agoten todas las líneas de investigación, tomando en cuenta su activismo social.
La CNDH refirió que la desaparición de Suástegui se da en un clima de violencia perpetrada tanto por actores estatales como por grupos de la delincuencia, que en algunas ocasiones actúan en convivencia.
“Por todos estos elementos de gravedad, urgencia y daño irreparable ante la desaparición de dichas personas, la CNDH solicitará a las citadas autoridades la implementación de medidas cautelares”, apuntó.
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El organismo encabezado por Rosario Piedra anunció también que asignará personal para que acompañe y asesore a los familiares de las personas desaparecidas, para que hagan efectivos sus derechos de acceso a la justicia y a la verdad.
México registró, al menos, 28 asesinatos contra defensores ambientales y líderes indígenas en lo que va de año en una escalada de violencia que encendió la alarma por el aumento de los homicidios de estos activistas.
El pasado lunes, la Secretaría de Gobernación (Segob) confirmó que fueron asesinados al menos 68 defensores de derechos humanos y 43 periodistas durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
