El excandidato a la presidencia de México, Ricardo Anaya, calificó este miércoles como una “locura” que la Fiscalía General de la República (FGR) considere que su voto a favor de la reforma energética sea una prueba de que habría recibido más de 6 millones de pesos a través de una red de sobornos.
En una publicación en su cuenta de Twitter, aseguró que las fechas en que emitió su voto y la de las presuntas entregas de efectivo tienen un desfase de ocho meses. Con ello, explicó que él llevaba seis meses sin un cargo cuando habría ocurrido la transacción.
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“¿Vieron el comunicado de la FGR de López? Hasta en eso son incompetentes: 1. Mi voto fue 8 meses antes de la supuesta entrega, no después. 2. Yo llevaba seis meses de no ser diputado cuando la supuesta entrega. 3. ¿Un voto a favor es prueba de que se recibió un soborno? ¡Qué locura!”, publicó.
Minutos antes, la FGR hizo pública una versión en la que asegura, tras una trabajo de investigación ministerial, que Ricardo Anaya recibió más de 6 millones de pesos para votar a favor de la reforma energética “que privatizaría la producción petrolera mexicana”.
Según la Fiscalía, en su denuncia de 2020 el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Anaya para que a su vez, este votara a favor de la política, hecho que quedó asentado el 11 de diciembre de 2013 cuando se aprobó la reforma con el voto a favor del entonces legislador.
“Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya, cuyo nombre es Norberto “N”, (…) en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en el año 2014”, expuso.
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De acuerdo con Miguel “N” y Froylán “N”, testigos de la FGR, en ese entonces se presenciaron diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex; lo cual se habría confirmado según diligencias ministeriales.
La FGR afirmó que los hechos que involucran a Anaya en el caso exponen una línea clara de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras.
“Todo ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público”, refirió.
