Un juez federal en el Estado de México suspendió temporalmente la orden de aprehensión y la prisión preventiva en contra de la conductora de televisión, Laura Bozzo, quien es acusada de haber evadido más de 13 millones de pesos al fisco.
Juan Miguel Ortiz, juez noveno de distrito en materia de amparo y juicios federales, le concedió a Bozzo una suspensión provisional que impide que sea llevada a prisión, siempre y cuando pague 300 mil pesos en los próximos cinco días, entre otros requisitos.
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Las autoridades acusan a la peruana Laura Bozzo de vender un inmueble embargado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) con el que pretendía pagar un adeudo fiscal mayor a los 13 millones de pesos.
“Se concede la suspensión provisional para los siguientes efectos: para el caso de que el delito por el que se emitió la medida de prisión preventiva reclamada, así como para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal”, se lee en un fragmento de la resolución del juez.
El juez añadió que la resolución no detiene el proceso en su contra, ya que lo único que impide es que vaya a la cárcel en este momento.
Ortiz Marmolejo agregó que Bozzo tendrá que cumplir otros requisitos además del pago de los 300 mil pesos. También deberá entregar su pasaporte al juez y comparecer ante las autoridades responsables en un lapso de tres días. El juzgador añadió que deberá de presentarse a todas las audiencias en las que sea requerida.
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“De incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida (a favor de Bozzo)”, se lee en otra parte de la resolución.
El pasado 18 de agosto, un juez federal ordenó la captura de la presentadora de televisión peruana porque no se entregó la semana pasada cuando se le impuso prisión preventiva por un presunto delito fiscal.
El pasado 11 de agosto, Laura Bozzo fue vinculada a proceso por un presunto delito fiscal que supera los 13 millones de pesos al vender un inmueble embargado por el SAT, y se le impuso prisión preventiva.
Dicho embargo pretendía garantizar el cumplimiento de una deuda por 13.7 millones de pesos. Al comercializarlo, según las autoridades, incurrió en el delito de “depositario infiel” por el que podría ser castigada de tres a nueve años en prisión.
Por medio de sus abogados, Bozzo promovió un amparo con el objetivo de obtener una suspensión provisional que impidiera su captura, argumentando problemas de salud.
Con información de EFE.
