EFE.- Miles de desapariciones en México entre 2018 y 2020 no han sido investigadas conforme a lo previsto en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, denunció este lunes la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
“Descubrimos que existen aún grandes brechas entre lo que dice la ley, el número de desapariciones y el de investigaciones, lo que deja a gran parte de los casos en la impunidad”, señaló Stephanie Brewer, directora para México y Derechos de Migrantes de WOLA.
Brewer puntualizó que lo más preocupante es que la justicia mexicana está fallando a las personas desaparecidas desde el primer paso del proceso. “Pudimos notar que muchas veces no se reconocen ni investigan las desapariciones como delitos”, lamentó.
Detalló que, de las más de 23 mil personas que están clasificadas como desaparecidas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas entre 2018 y 2020, menos de un tercio están reconocidas como víctimas de algún delito concreto que esté bajo investigación.
Asimismo, explicó que la trata de personas no está considerada en este registro, y aunque la mayoría de menores de edad que fueron desaparecidos entre 2018 y 2020 son niñas, “ni una sola fue registrada como víctima de trata”.
Brewer explicó que el problema de que las desapariciones sean consideradas como delitos distintos a los que prevé la Ley General en la materia es que las herramientas que proporciona no están disponibles para quienes buscan a sus familiares.
Además, según la organización, las investigaciones no se realizan a través de Fiscalías especializadas ni unidades de análisis para ver casos en conjunto y determinar los patrones en los que se llevan a cabo estas desapariciones.
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Llamado a la acción
La experta señaló que es esencial esclarecer los casos para conocer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas, estudiar los patrones de desaparición y perseguir penalmente a los culpables.
“Ese camino empieza por reconocer las desapariciones como delitos, generar una teoría del caso y un plan de investigación, elementos muchas veces ausentes en la actualidad”, detalló.
Afirmó que esta campaña es un llamado a la acción a los gobiernos federal y estatales para aplicar la ley y garantizar el derecho a las familias a participar plenamente en la búsqueda e investigación.
Reconoció que, si bien la responsabilidad de búsqueda e impartición de justicia es del Estado, cuando las autoridades no avanzan en las investigaciones las familias tienen que buscar por su cuenta “lo que las pone en riesgo”, destacó.
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Es por ello que la campaña de WOLA invita a las autoridades a cerrar las brechas entre las prácticas observadas y lo dispuesto en la Ley General en materia de desaparición.
Aunado a la campaña, WOLA y organizaciones contrapartes en México enviaron una carta a la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) y al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (SNB) para compartir los hallazgos.
El objetivo es buscar la coordinación de los planes de acción para lograr que las prácticas institucionales cumplan con la Ley General.
