Foto: Captura de pantalla
Por: Enrique Pons Franco
El derecho a grabar lo que hace una autoridad parece implícito para los usuarios de un dispositivo electrónico. Sin embargo, cuando esta se opone, no sabemos si realmente existe en alguna ley este derecho para los mexicanos. Hoy voy a contarte sobre esto.
La Constitución garantiza el derecho a informarnos y a difundir ideas sin ninguna restricción, salvo que afecte los derechos de terceros. Incluso podríamos suponer que esos derechos incluyen tu derecho a grabar a las autoridades ejerciendo funciones públicas, pero no siempre se entiende así.
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Debemos reconocer que las redes sociales nos han demostrado que, si algo relevante ocurre, usualmente hay una cámara cerca, lista para registrar la ocasión. No siempre es posible, muchas otras veces las personas prefieren evitarlo por el temor de arriesgar su seguridad, o bien, por la falsa creencia que han popularizado las autoridades (sobre todo las encargadas de la seguridad pública) de que “es ilegal grabar a una autoridad”.
Sin embargo, no existe una disposición expresa que prohíba tomar video de autoridades en situaciones que estén ocurriendo en un espacio público, aunque tampoco existe ninguna que nos ampare ese derecho.
Las autoridades también son personas que tienen derecho al honor, imagen e intimidad, pero al estar ostentando un cargo público también tienen la obligación de ser transparentes en sus funciones y rendir cuentas de éstas. De acuerdo a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), esos derechos, al relacionarse con sus actos como autoridad, no pueden privilegiarse sobre el resto de los derechos humanos de la población –esto tomando en cuenta el tamaño de las transgresiones que se cometen en México. No es un secreto que contamos con una cantidad significativa de casos de violaciones de derechos humanos por las autoridades. Lamentablemente, tal como hay autoridades genuinamente entregadas al deber y bienestar de los ciudadanos, también hay muchos que abusan de su poder.
Particularmente en estos tiempos de Covid-19 se ha observado que el registro multimedia es lo que ha puesto relevancia en muchas vulneraciones a los derechos de los ciudadanos. Pero, que no te quede duda, como ciudadanos tenemos el derecho a denunciar conductas que puedan estar violentando derechos por parte de quienes están obligados a procurarlos, siempre que no se obstaculice el ejercicio de sus funciones.
Ejemplos sobran en todo el país, y muchas ocasiones los únicos motivos por los que nos enteramos, son por videograbaciones de detenciones arbitrarias o de policías que abusando de su cargo, extorsionan a conductores. También vale mencionar, que la infundada pretensión de las autoridades de indicar que no se les grabe, se origina por el miedo, más no de la legalidad, puesto que no existe razón para que un servidor público pueda sentirse evidenciado; siempre que se conduzca conforme a derecho, e incluso, le permite probar haber actuado adecuadamente, de suscitarse una controversia.
Con la incorporación cada vez más fuerte de la tecnología en nuestras vidas, nuestro mundo ha cambiado de muchas formas, y, la validación de un mecanismo de registro de la verdad debe ser una de ellas. Ahora que pasamos más tiempo en casa, mirando por la ventana de las redes sociales lo que pasa, es más importante que nunca fomentar la participación ciudadana y la cultura de comunidad ante las injusticias.
Ojalá esta reflexión que les comparto hoy llegue a manos de algún nuevo integrante del Poder Legislativo federal, o de algún futuro legislador local, para que pueda volverse una realidad en nuestra esfera jurídica la posibilidad de contar con videos contra la corrupción y la impunidad.
Te espero en Twitter como @enrique_pons y en Facebook como Enrique Pons Franco. Nos leemos la próxima.
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