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El canciller Marcelo Ebrard informó este viernes que la corte federal en Massachusetts, Estados Unidos, admitió el litigio presentado por el gobierno de México contra diversas empresas armamentistas, a las cuales acusa de realizar comercio negligente de armas.
A inicios de agosto, el gobierno mexicano presentó una demanda en una corte Boston contra una decena de empresas a las que acusó de negligencias que facilitan el tráfico de armas a México, donde son usadas por el crimen organizado.
En su cuenta de Twitter el secretario de Relaciones Exteriores aseguró que se trata de “un primer gran paso” para la demanda que no es contra el gobierno de Estados Unidos, sino contra las compañías privadas armamentistas que deben regirse por prácticas comerciales “más estrictas”.
Los siguientes pasos, explicó, serán la notificación y el proceso legal en un litigio que busca mayor cooperación para mermar la venta ilegal de armamento desde Estados Unidos hacia México.
Los fabricantes de armas de Estados Unidos decidieron seguir abasteciendo con sus productos al crimen organizado en México pese a las recomendaciones y reglas del gobierno estadounidense, aseguró el 4 de agosto la Secretaría de Relaciones Exteriores, tras la demanda contra empresas como Smith & Wesson y Beretta.
Señaló que los fabricantes hacen llegar sus armas ilegalmente a los cárteles de la droga a través de traficantes “imprudentes y corruptos”.
La Asociación Comercial de la Industria de Armas de Fuego (NSSF, por sus siglas en inglés), que aglutina a los fabricantes de armas más importantes de Estados Unidos, afirmó que el gobierno mexicano sólo busca un “chivo expiatorio” para no enfocarse en su tarea de llevar ante la justicia a los jefes de los cárteles del narcotráfico.
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Shannon K. O’Neil, vicepresidenta del Consejo de Relaciones Exteriores de Estados Unidos (CFR por sus siglas en inglés), señaló que la demanda no logrará mucho en reducir la violencia si no funciona el sistema de justicia en el país.
La postura de la experta fue que el gobierno mexicano ha eliminado la mayor parte del financiamiento público para programas diseñados para ayudar a las comunidades devastadas por el crimen a recuperarse. Además que se dejaron de lado las actividades extraescolares, programas de prevención de la violencia, clínicas de asesoramiento y refugios para mujeres, que podrían contribuir a fortalecer el tejido social.
El consultor jurídico de la cancillería mexicana, Alejandro Celorio, encargado de la histórica demanda contra empresas armamentísticas de Estados Unidos, dijo que el daño que han hecho estas armas a México es “incalculable” más allá de la compensación económica que se pida en la corte.
Con información de EFE
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