En 147 de 247 instituciones federales aumentó el riego de corrupción en las compras públicas en el periodo que va de 2018 a 2020, según determinó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) al evaluar la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley en las licitaciones del gobierno federal.
Esto está contenido en el Índice de Riesgos de Corrupción (IRC) elaborado por el IMCO, en el que se señala que en 2020 la Administración Portuaria Integral de Salina Cruz fue la institución que presentó el mayor riesgo de corrupción por la falta de competencia, al adjudicar de forma directa 99% de los contratos, lo cuales sumaron 4 mil millones de pesos.
En el IRC se destaca también que 66% de las instituciones de salud empeoraron en 2020 en su riesgo de corrupción por incumplimiento de la ley, entre las que se encuentran el Instituto Nacional de Cancerología y Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex).
Por otra parte, instituciones como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) fueron las que presentaron menores riesgos de corrupción en sus compras públicas en el 2020.
En el rubro de compras públicas sin competencia, el IMCO expuso que en el mismo año la Secretaría de Marina (Semar) asignó 2 mil 571 millones de pesos, 96% del monto total de los contratos, a procesos de excepción, mil 900 millones de pesos por adjudicación directa (72%) y 671 millones por invitación restringida (24%).
Además, la Secretaría de la Defensa Nacional incumplió con la publicación de la documentación de 66% de e las adjudicaciones directas. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) no cuenta con un hipervínculo a Compranet para el 24% de sus compras.
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Por último, el IMCO puso en relieve que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) no están sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) desde 2015, por lo que no fue posible fiscalizar las compras que hacen.
