Organizaciones feministas del Estado de México denunciaron la represión vivida por el personal de la Cámara de Diputados de la entidad, ocurrida el martes pasado, cuando se manifestaban de manera pacífica para exigir la despenalización del aborto en la entidad.
En un comunicado, signado por 88 organizaciones del movimiento feminista y amplio de mujeres, colectivas y organizaciones de la sociedad civil y ciudadanas, aseguraron que desde el 3 de agosto se llevaron a cabo mesas de trabajo con congresistas para avanzar en el tema de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
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“Las y los representantes del Estado de México no escuchan a las mujeres mexiquenses a pesar de establecer el diálogo en acuerdo a sus formas, tiempos y condiciones”, denunciaron las agrupaciones.
El 10 de agosto voceras de más de 130 organizaciones y colectivas de los 125 municipios del Estado de México participaron en una manifestación en el Congreso de la entidad que buscaba llevar a la agenda legislativa la discusión sobre la ILE, “como un tema de justicia social, salud pública y garantía de los derechos fundamentales de las mujeres, jóvenes y niñas”.
Pese a que por más de una semana se llevaron a cabo reuniones con diputadas que se comprometieron a abordar el tema en la legislatura, no hubo un pronunciamiento por parte de la Junta de Coordinación Política ni se incluyó en la discusión como se acordó, por lo que asistieron al Congreso para demandar acciones.
El martes pasado, personal del Congreso del Estado de México intentó dispersar con chorros de agua una protesta feminista a favor del aborto legal y seguro.
Tras la difusión de videos en redes sociales que documentaron la represión, el Congreso mexiquense reconoció haber lanzado agua a las manifestantes, así como material de extintores, alegando que sus acciones fueron para proteger a las personas que trabajan dentro del recinto y “a las propias manifestantes”.
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“El personal de la propia Cámara debió resguardar el inmueble con el uso de extintores y chorros de agua de baja presión para rechazar intentos de las manifestantes de prender fuego a las puertas de acceso al recinto”, señaló el Congreso en un comunicado.
Ante la respuesta del Congreso, las colectivas exigieron la corrección del comunicado, pues aseguraron que las actividades de protesta “se llevaron a cabo de forma pacífica, sin ningún tipo de violencia“.
Aseguraron que cualquier forma de represión en contra de las integrantes del “Movimiento Feminista y Amplio de Mujeres” “es una muestra más de que aunque hagamos mesas de diálogo o de trabajo, desde la legislatura se sigue atentando en contra de las mujeres”.
Destacaron que la misma secretaría de la Mujer, María Isabel Sánchez Olguín, se comprometió a respaldar y no criminalizar las protestas feministas, pero esto no se cumplió.
Las acciones ejecutadas por personal del Congreso mexiquense, denunciaron, violan el artículo 4 constitucional y aseguraron que “el Estado de México sigue siendo un macho represor de las mujeres“.
Responsabilizaron al diputado Maurilio Hernández González, al gobernador Alfredo del Mazo Maza, a las y los diputados de la LX Legislatura del Estado de México por la represión vivida.
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