Fundación Jenkins acusa a juez de la CDMX de obstaculizar la devolución del campus de la UDLAP

Entrega formal del campus de la UDLAP es la única forma de recuperar las instalaciones, aclara rectora interina
Foto: Facebook.

La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) pidió al Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México que investigue al juez 24 Civil de la capital, Roberto Yáñez Quiroz, al que acusa de “evadir su responsabilidad” al no dar cumplimento a la suspensión de amparo que ordena la devolución del campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

La fundación, presidida por Margarita Jenkins de Landa, acusó que Yáñez Quiroz violó el Estado de Derecho al permitir el apoderamiento ilícito de patrimonio privado mediante las medidas que fueron anuladas por un juzgado federal.

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Yáñez Quiroz se declaró este jueves incompetente para seguir conociendo el caso, por lo que lo remitió al Juzgado 60 de lo Civil en la capital, según la FMSJ.

Además, acusó que el juez 24 civil envió un oficio a un juez federal en Puebla mediante el que dio a conocer que él ya no tiene en su poder el expediente sobre el caso de la UDLAP.

“Se enviaron a la Oficialía de Partes del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México las actuaciones que ordenan al Juzgado 24 de lo Civil de la CDMX el acatamiento de la suspensión otorgada desde el Poder Judicial de la Federación, con el propósito de eludir su cumplimiento”, aseveró la Fundación mediante un comunicado.

La organización también acusó al gobernador Miguel Barbosa de estar detrás de estas acciones con el objeto de burlar la suspensión.

La semana pasada, la Fundación Mary Street Jenkins pidió al gobierno de Puebla que respete el Estado de derecho y exigió la liberación de las instalaciones de la UDLAP.

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Un grupo de 300 académicos de la Universidad también exigió la liberación del campus y que se dé por terminado el conflicto político en torno a la institución.

El 16 de julio pasado, el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil con sede en Puebla ordenó que el campus de la UDLAP, la administración y las cuentas bancarias sean devueltas a la institución privada que preside Margarita Jenkins de Landa.

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