EFE .- El arribo de familias de migrantes indocumentadas a McAllen, Texas, forzó a la ciudad a instalar un refugio de emergencia temporal, en medio de los llamados a la administración del presidente estadounidense Joe Biden para que intervenga debido a la amenaza de una nueva ola de casos de Covid-19.
La ciudad instaló un refugio de emergencia temporal en una propiedad en la calle 23 por la abrumadora cantidad de migrantes varados, dijeron funcionarios locales este miércoles en un comunicado enviado a la televisora KVEO.
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En el comunicado la ciudad también apuntó que está pidiendo ayuda al gobierno de Biden debido al aumento de extranjeros que son liberadas en McAllen por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).
En imágenes compartidas por el periódico Border Report ayer martes se vieron decenas de familias llegar en autobuses para buscar refugio y asesoría en las instalaciones de Caridades Católicas.
“Podían verse mujeres embarazadas, con sus jeans enlodados por las lluvias torrenciales de la noche pasada, familias con bebés en pañales y niños sin calzado sobre el pavimento caliente, en fila a la espera de las pruebas de Covid-19“, indicó el diario.
La organización religiosa, que administra desde febrero el mayor albergue para migrantes en el Valle del Río Grande, tiene un convenio con el municipio y el condado para aplicar pruebas de coronavirus entre los migrantes apenas llegan a la ciudad.
Los migrantes que dan resultado positivo son llevados a un hotel para la cuarentena, pagado por la organización sin fines de lucro.
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Sin embargo los esfuerzos de los activistas están desbordados y el número de migrantes esperando ayuda obligó a la ciudad a intervenir. El condado de Hidalgo, Texas, formuló una declaración de desastre para manejar el problema tras asegurar que la capacidad de los albergues está por encima del 500%.
A esto se suma la decisión de este miércoles de la jueza de distrito federal Kathleen Cardone que bloqueó un plan del gobernador de Texas, Greg Abbott, para detener vehículos que transporten migrantes.
Abbott ordenó a los agentes del Departamento de Seguridad Pública que detuvieran y confiscaran los vehículos de civiles “bajo sospecha razonable” de que transportan migrantes que cruzaron la frontera sin documentos.
Los abogados del gobierno de Joe Biden alegaron que la medida afectaría sus operaciones que dependen en gran medida de contratos de empleados para trasladar a los migrantes.
En la audiencia de casi dos horas el abogado Brian Boynton, del Departamento de Justicia, argumentó que el gobernador Abbott “busca crear su propio régimen de inmigración”.
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Según el diario local The Monitor, en el Valle del Río Grande se usaron estos contratistas para transportar unos 120 mil migrantes en lo que va del año, y unos 9 mil 600 apenas la semana pasada.
