El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para invalidar la orden de aprehensión que solicitó la Fiscalía General de la República (FGR) ante un juez, para proceder en su contra por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Los ministros Luis María Aguilar y Jorge Pardo Rebolledo, integrantes de la Comisión de Receso de la Corte, recibieron la impugnación de García Cabeza de Vaca el pasado 30 de julio. Sin embargo, el recurso no fue admitido a trámite tras una prevención para que el panista indique la fecha en que tuvo conocimiento de la orden de detención en su contra.
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“El promovente señala que el 29 de junio del presente año se hizo del conocimiento público a través de ciertas noticias de la orden de aprehensión girada en su contra. Al mismo tiempo, indica que conoció que el 20 de mayo anterior el Congreso de Tamaulipas promovió controversia constitucional en contra de dicha orden”, expone el acuerdo de la Comisión.
De acuerdo con la Constitución, los gobiernos locales no tienen facultades para promover controversias contra las determinaciones de un órgano autónomo federal como la FGR.
La semana pasada, la Corte rechazó conceder una suspensión contra la reforma que aprobó el Congreso de Tamaulipas para “blindar” al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca contra el desafuero avalado por la Cámara de Diputados.
La reforma aprobada el pasado 23 de junio por los legisladores locales establece que, “en todos aquellos casos en los que el Congreso del Estado hubiera determinado la no homologación de la declaratoria de procedencia por parte de alguna de las cámaras federales, su decisión será definitiva e inatacable“.
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Con ello, se busca que la nueva integración del Congreso, que tendrá mayoría de diputados por Morena, no pudiera autorizar el desafuero de García Cabeza de Vaca.
García Cabeza de Vaca, quien cuenta con un amparo para evitar su detención, es investigado por los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
