EFE.- Grupos civiles que el año pasado demandaron al gobierno de Donald Trump por el uso de una medida sanitaria para expulsar a los migrantes que cruzan la frontera de forma indocumentada demandaron hoy al gobierno del presidente Joe Biden por continuar con la misma política migratoria.
Decenas de miles de migrantes, en su mayoría centroamericanos y mexicanos, llegados a la frontera sur de Estados Unidos, fueron expulsados del país desde que la administración de Trump ordenó, en marzo de 2020, el uso del llamado Título 42, que autoriza la expulsión por razones de salud pública.
El gobierno de Biden, que había indicado una posible pausa en el uso del Título 42, ha seguido aplicándola y la semana pasada anunció medidas adicionales para regresar a sus países a ciertas familias que llegan a la frontera.
La Unión de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, el Centro para Estudios de Género y Refugiados y otros grupos iniciaron este lunes en el Tribunal Federal del Distrito de Columbia una querella contra el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
“La política aplicada durante el gobierno de Trump viola los estatutos de larga data sobre migración que requieren que quienes solicitan asilo tengan un proceso completo y justo que determine su derecho a tener la protección de Estados Unidos“, señalaron los grupos en un comunicado.
En lo que va del año fiscal 2021, que comenzó en octubre pasado, más de 750 mil migrantes han sido expulsados bajo el Titulo 42. En junio pasado, 103 mil 14 extranjeros que ingresaron por la frontera sur fueron deportados a México debido a esta norma.
Puedes leer: EU analiza mantener política de expulsiones en la frontera por aumento de casos de variante Delta
“Le dimos al gobierno de Biden tiempo más que suficiente para resolver los problemas que dejó el gobierno de Trump, pero no nos ha dado otra opción más que retornar a tribunales”, dijo Lee Gelerent, abogado de ACLU.
Shaw Drake, otro abogado de ACLU en Texas, aseguró que “la expulsión ilegal de familias vulnerables por parte del gobierno de Biden debe terminar”.
Karla Mariso Vargas, abogada del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, añadió que los grupos decidieron iniciar la demanda “porque están en juego las vidas de niños, de familias enteras, de gente extremadamente vulnerables”.
“Es más que cruel el uso de una regla menor de salud pública para rechazar sin proceso debido a familias que buscan protección”, agregó. “Y es ilegal”.
