Tras el asesinato de Aranza Ramos, autoridades y colectivos de buscadoras de desaparecidos de Sonora definieron este jueves los protocolos de seguridad que garanticen la protección personal y de las familias de las integrantes.
En el encuentro se estableció programar reuniones operativas con las mujeres integrantes de los colectivos que consideren que existe “algún nivel de riesgo”.
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También se estableció que las integrantes de los colectivos deberán presentar las denuncias tanto de amenazas como de otros delitos ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), “ya que en muchas de las ocasiones las hacen únicamente a través de redes sociales y medios de comunicación”.
Además, la FGJE será la dependencia que solicite y coordine “el apoyo logístico” respecto al ámbito criminalístico y pericial de los hallazgos en las “acciones de búsqueda” de desaparecidos.
“Por el Instituto Sonorense de la Mujer (ISM), se dará atención psicológica a los familiares de las víctimas, víctimas colaterales y grupos colectivos“, precisaron las autoridades en un comunicado.
Los colectivos de buscadoras de desaparecidos solicitaron que se les informe “por un sólo conducto” sobre los resultados de los procesos de identificación humana, así como de los seguimientos “una vez interpuesta la denuncia” ante la Fiscalía estatal.
Las 11 colectivos y los integrantes de la “Mesa de Coordinación para la Paz y Seguridad del Estado” acordaron, por unanimidad de votos, adoptar los lineamientos para el procedimiento de búsqueda de personas desaparecidas.
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Ayer miércoles, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que ya se aplicaron las primeras medidas de seguridad para brindarle la protección necesaria a Cecilia Delgado, líder del colectivo Buscadoras por la Paz, quien denunció recibir amenazas de muerte.
Cecilia Delgado denunció que recibió amenazas de muerte, por lo cual afirmó que detendrían las labores de búsqueda de desaparecidos en el municipio de Guaymas, Sonora.
Aranza Ramos fue asesinada el pasado viernes a balazos dentro de su hogar. Diversas organizaciones y colectivos de búsqueda de desaparecidos condenaron y exigieron justicia a las autoridades tanto locales como federales por el homicidio de la activista.
