La ONU-DH hizo este lunes un llamado a las autoridades mexicanas para investigar de manera exhaustiva el asesinato de Gladys Aranza Ramos Gurrola, incluyendo en esta la relación del crimen con su labor de búsqueda, así como garantizar la incorporación efectiva de la perspectiva de género.
Así lo expresó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH en México, quien aseguró que las autoridades deben también brindar atención integral y condiciones de seguridad a la familia de Ramos Gurrola, especialmente a su hija.
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Mediante un comunicado, Fernández-Maldonado indicó que el asesinato de Aranza Ramos “nos recuerda la dura situación que enfrentan las familias de personas desaparecidas en México. No sólo padecen el dolor de la ausencia y la incertidumbre, sino que investigan y buscan a sus familiares desaparecidos, enfrentando riesgos que no deberían asumir”.
Indicó que ante el panorama de desapariciones de nuestro país, “las instituciones del Estado deben ser quienes lleven a cabo la búsqueda inmediata con el máximo de los recursos disponibles para localizar a la persona con vida. Cuando un Estado no logra cumplir con este deber, se coloca a las familias de personas desaparecidas en una situación de riesgo”.
El representante de la ONU-DH también mencionó que en casos como el de niños y niñas, como la hija de Aranza, “las autoridades deben actuar para protegerlos frente a las graves consecuencias de una violencia que les ha convertido en víctimas antes de ser personas adultas”.
Fernández-Maldonado hizo un recordatorio a las autoridades sobre la obligación de garantizar la seguridad y protección de las víctimas que participan en los procesos de búsqueda, ya que “la vulnerabilidad que enfrentan las familias de personas desaparecidas que participan en las búsquedas debe llevar a adoptar medidas de carácter preventivo para que hechos como estos no se repitan”.
Gladys Aranza Ramos Gurrola, que residía en la localidad de Ortiz, municipio de Guaymas (Sonora), buscaba a su esposo Brayan Omar Celaya Alvarado, desaparecido el 6 diciembre de 2020, y había expresado temor por su seguridad y la de su familia ante posibles represalias por su participación en acciones de búsqueda.
La noche del 15 de julio fue privada de su libertad por personas armadas que llegaron a su domicilio, siendo posteriormente asesinada. Participaba activamente en el movimiento de familiares de personas desaparecidas, tanto en actividades de búsqueda como en la interlocución con autoridades.
Durante 2021, la ONU-DH ha documentado al menos ocho casos de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos donde la letal agresión podría ser una represalia por su legítima labor.
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