El Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins informó este lunes que solicitó por escrito a un “juez federal” la intervención de la Guardia Nacional con el objetivo de recuperar el campus de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), que se encuentra tomada por la policía municipal y estatal desde el 29 de junio.
Enrique Rodríguez, vocero de la Fundación, afirmó que la Ley de Amparo “prevé que un juzgador federal puede solicitar el uso de la fuerza” para hacer cumplir alguna de sus resoluciones dictadas.
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“Se está solicitando formalmente al juzgado que emitió la suspensión que se intervenga de manera decidida para el cumplimiento de esta resolución. Para ese efecto la Ley de Amparo prevé que un juzgador federal puede solicitar el uso de la fuerza (pública)”, reiteró Rodríguez en una entrevista en W Radio.
El vocero acusó al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, de estar involucrado en la toma del campus de la UDLAP a finales de junio pasado, pues “se intervino con la policía del estado de Puebla en el campus y esa policía la mandó el gobernador. No se manda sola”, aseveró.
El Patronato presidido por Margarita Jenkins de Landa precisó que debe de ser la Guardia Nacional la que garantice el cumplimiento de la resolución del juez federal porque “todo lo que toca el gobernador Barbosa, lo corrompe”.
“(Con la toma de la UDLAP) vemos un ataque a una universidad privada de excelencia que pretende controlarse ilícitamente con el respaldo de un gobernador que le gusta apropiarse del patrimonio privado”, apuntó el vocero.
Además, dijo que se “han pisoteado” diversos puntos legales durante el conflicto en la Universidad entre los que destacó el imponer a un patronato y un nuevo rector a los que calificó como “espurios”, el no acatar la suspensión para devolver el campus, así como el uso de las instituciones para “intervenir sin jurisdicción” en el lugar.
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El pasado viernes, el Juzgado Tercero de Distrito en materia de amparo civil con sede en Puebla ordenó restituir de manera inmediata las instalaciones de la UDLAP y las cuentas bancarias al Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins.
Tras el falló del juez, la Fundación pidió a su comunidad universitaria permitir una recuperación ordenada de las instalaciones.
