Reuters.- La firma estadounidense WhiteWater Midstream dijo este lunes que las “amenazas” de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para ejercer acciones legales sobre contratos que firmaron ambas compañías son preocupantes y añadió que defenderá sus derechos contractuales “enérgicamente” en un arbitraje internacional.
La empresa privada está siendo investigada en México y Estados Unidos por posibles actos de corrupción en la asignación de millonarios contratos con CFE entre 2016 y 2017, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, informó el viernes la estatal.
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“Las reiteradas declaraciones falsas de CFE sobre WhiteWater se dan tras el inicio de nuestro arbitraje contra CFE Internacional (CFEi) por montos adeudados“, dijo a Reuters un vocero de la compañía.
“Son particularmente inquietantes las amenazas explícitas de la estatal de emprender acciones penales sobre contratos que buscó renegociar por meses, apalancando su impago. WhiteWater perseguirá enérgicamente sus derechos contractuales en el arbitraje“, agregó.
Entre los contratos sospechosos se encuentra el de un gasoducto en Estados Unidos por “miles de millones de dólares” y a más de 20 años, asignado sin un proceso de licitación y sin el visto bueno de la Secretaría de Hacienda, afirmó la CFE.
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WhiteWater Midstream es una firma estadounidense dedicada a la comercialización de gas.
El pasado 17 de mayo, se informó que el banco Goldman Sachs demandó un pago de 400 millones de dólares, aproximadamente, unos 8 mil millones de pesos mexicanos, por concepto de suministro de gas natural a la CFE.
El adeudo se disparó debido a un alza en los precios del gas natural por el clima gélido que paralizó a Texas, por lo que las empresas encargadas de suministrar el combustible, tanto a Estados Unidos como a México, por órdenes del gobierno tuvieron que limitarlo, lo que provocó que se incrementara hasta 100 veces el importe de lo que regularmente se pagaba.
El banco ha fungido como intermediario en los contratos de este producto, sin embargo, la empresa mexicana de energía ha argumentado que las personas que echaron a andar esos contratos (que se dispararon) no estaban autorizadas para contraer ese tipo de convenios, por lo cual, a los involucrados se les rescindió el contrato.
