La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su indignación por el asesinato de Aranza Ramos, quien, de acuerdo con el Frente Nacional Ni una Menos, fue privada de su libertad y luego ejecutada el pasado 15 de julio en Guaymas, Sonora.
Mediante un comunicado, exhortó a las autoridades de Sonora a realizar la averiguación correspondiente, tomando en consideración la línea de investigación derivada de su actividad de buscadora, “a fin de encontrar a los responsables de este terrible asesinato y que sean sancionados de acuerdo a la ley”.
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Además, el organismo solicitó se le de la atención que requiere a la familia de Aranza Ramos y la seguridad que necesitan las integrantes de Madres Buscadoras de Sonora, cuya líder Ceci Patricia Flores Armenta ha declarado que desde hace más de un mes recibieron amenazas de muerte, las cuales denunció ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), “pero no se les dio respuesta”, señala el escrito.
Aranza Ramos era víctima indirecta de la desaparición de su esposo, Bryan Omar Celaya Alvarado; esa fue la razón por la que se unió a las Madres Buscadoras de Sonora en diciembre del año pasado, con estos hechos queda una víctima indirecta más, un niño de 2 años de edad, ahora en orfandad.
La CNDH indicó que todos ellos son víctimas, “que se han tenido que organizar para buscar a sus familiares a lo largo y ancho del país, forzadas por la falta de apoyos gubernamentales, invirtiendo sus propios recursos, desenterrando restos humanos con sus propias manos, en pie de lucha con la esperanza de encontrar a su familiar, y al mismo tiempo anhelando encontrarlo vivo y no en una de esas excavaciones”.
La Comisión manifestó que las cifras oficiales “son alarmantes” al resaltar cerca de 80 mil personas desaparecidas y más de 4 mil fosas clandestinas documentadas, “por lo que la CNDH se une a los reclamos y exigencias de justicia de los colectivos de buscadoras”.
De igual forma, “hace un enérgico llamado a las instituciones estatales y federales para que hagan su tarea, se fortalezcan las acciones de búsqueda, y se a ponga un alto a la violencia que priva a familias enteras de padres, madres, hijas e hijos, y las coloca ante la disyuntiva de tomar por sí mismas lo que las autoridades deberían hacer”.
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Resaltó que el estado y sus instituciones “tienen la obligación de proteger y garantizar la vida de todas sus ciudadanas y ciudadanos, y su derecho a una vida libre de violencia”.
Finalmente, el organismo se declara listo “para formular y apoyar mejores respuestas institucionales para proteger la seguridad y los derechos de todas las personas que se ven obligadas a realizar acciones de búsqueda en nuestro país”.
