Un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) una suspensión provisional para no participar en el Programa Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano 2021-2024, promovido por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
El instituto demandó el decreto expedido el 2 de junio por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) mediante el que la federación busca establecer la reorientación del territorio; integrar las dimensiones ambiental, social, cultural y económica; trascender los ámbitos rural y urbano; así como promover el cuidado de la biodiversidad y reconciliar a las personas con su entorno natural.
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El Inegi promovió la controversia debido a que el decreto impacta su autonomía, por lo que se mantendrá suspendido hasta que se resuelva el fondo del asunto.
“Se concede la medida cautelar solicitada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, para suspender todos los efectos y las consecuencias de los artículos impugnados (…) únicamente por cuanto hace al ámbito competencial del órgano constitucional autónomo actor”, explicó la SCJN.
La medida no otorga garantía alguna y puede modificarse o revocarse. Sin embargo la SCJN determinó habilitar los días y horas requeridas para la resolución.
De acuerdo con el decreto al Inegi le correspondían colaborar con cuatro estrategias prioritarias y acciones puntuales: dirigir la acción gubernamental a las regiones en rezago y aquellas con mayor potencial; promover la generación, sistematización y difusión de información en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano; promover instrumentos de planeación; promover la habitabilidad de las periferias urbanas para recuperar la vivienda abandonada.
A inicios de julio, el ministro José Fernando Franco González-Salas negó a funcionarios del Inegi una suspensión con la que buscaban que se les permitiera ganar más que el presidente López Obrador.
El acuerdo, publicado en estrados de la Corte, señaló que la controversia constitucional presentada por el Inegi contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos sí se admitió a trámite. Sin embargo, al resolver sobre la suspensión, el ministro determinó rechazar la petición y ajustarse al parámetro establecido.
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