AP.- Estados Unidos retiró visas a 100 funcionarios del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua que han “asaltado la democracia” en el país, informó este lunes el secretario de Estado, Antony Blinken.
El funcionario señaló que la medida tomada por la administración de Joe Biden afecta a “miembros de la Asamblea Nacional de Nicaragua, fiscales, jueces y sus familiares que impulsaron el asalto del régimen de Ortega-Murillo a la democracia”.
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La medida fue tomada tras el arresto de 26 opositores desde fines de mayo, entre ellos seis aspirantes presidenciales que competirían contra el presidente Daniel Ortega en los comicios del 7 de noviembre, en los que el mandatario sandinista de 75 años aspira a una tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.
“En el contexto de Nicaragua, la política de restricción de visas del Departamento se aplica a los nicaragüenses que se cree que son responsables o cómplices de socavar la democracia, incluidos aquellos con responsabilidad o complicidad en la represión de protestas pacíficas o el abuso de los derechos humanos y miembros de la familia inmediata de dichas personas”, explicó el informe oficial del gobierno de Estados Unidos.
Entre los ataques a la democracia y los derechos humanos se encuentran el arresto de opositores y aspirantes presidenciales. Entre ellos hay varios dirigentes políticos antisandinistas, dos exvicecancilleres, dos excomandantes guerrilleros, dos empresarios, dos líderes estudiantiles y un periodista.
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Estados Unidos también asegura que la aprobación de leyes represivas “ha servido para restringir y criminalizar el discurso, la disidencia y la participación política”.
Una treintena de altos funcionarios del gobierno, allegados tanto a Ortega como a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, recibieron sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea (UE) por presuntos actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos cometidas tras el estallido social de abril de 2018.
Estados Unidos acusó a Ortega de “hostigar y silenciar a la sociedad civil y los medios independientes” y “socavar las instituciones y procesos democráticos en Nicaragua”.
“El gobierno estadounidense continuará utilizando las herramientas diplomáticas y económicas a nuestra disposición para impulsar la liberación de los presos políticos y apoyar los llamados de los nicaragüenses a una mayor libertad, responsabilidad y elecciones libres y justas”, subrayó.
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Mientras, en Managua, la abogada María Asunción Moreno no se presentó esta tarde a rendir declaración ante la Fiscalía, que el pasado sábado le envió un citatorio oficial, según constataron periodistas de AP que acudieron al lugar.
Moreno fue citada por el Ministerio Público 24 horas después de anunciar su interés de postularse como precandidata presidencial por la alianza opositora Ciudadanos por la Libertad (CxL). La jurista no reveló los motivos de su ausencia.
Los seis aspirantes presidenciales arrestados hasta hoy fueron encarcelados después de ser citados por la Fiscalía o tras hacer públicas sus intenciones de postularse a la presidencia.
Nicaragua vive una grave crisis política desde 2018 tras las protestas sociales contra Daniel Ortega que fueron sofocadas con violencia por la policía causando cientos de muertos, miles de heridos y detenidos y más de 100 mil exiliados, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El gobierno de Managua asegura que la revuelta social fue “un fallido intento de golpe de Estado”.
