La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso en contra de Juan Manuel López Arroyo, exfuncionario de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y de Carlos Oscar Espinosa Castañeda, exrector de la Universidad Politécnica de Texcoco, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades en el caso de la “Estafa Maestra“.
El exfuncionario y el exrector están implicados en la contratación indebida de servicios con recursos públicos a la Universidad Politécnica de Texcoco por más de 150 millones de pesos.
Entérate: Vinculan a proceso a exfuncionario de la Sedesol y a exrector involucrados en la Estafa Maestra
Así lo informó la FGR a través de un comunicado, en el que además señaló que fue el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Oriente quien vinculó a proceso a López Arroyo y a Espinosa Castañeda.
Asimismo, impuso como medidas cautelares a los vinculados a proceso la prohibición de salir sin autorización del país y la presentación periódica mensual. Fijó, también, cuatro meses como plazo de investigación complementaria.
López Arroyo, extitular de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales (UPRI) de la entonces Sedesol, fue vinculado a proceso por contratar indebidamente servicios con recursos económicos públicos y por solicitar el otorgamiento indebido de autorizaciones de contenido económico.
El exfuncionario de la Sedesol ya había sido vinculado a proceso el pasado 25 de junio por el delito mencionado, pero en perjuicio de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, institución a la que habría pagado indebidamente un contrato por más de 319 millones de pesos.
Te puede interesar: Juez acepta resolver demanda de Rosario Robles contra fiscal Gertz por “violar la presunción de inocencia”
El exrector Espinosa Castañeda está acusado por estar coludido con López Arroyo en la contratación indebida de servicios de la Universidad Politécnica de Texcoco, ya que “el Estado no obtuvo las mejores condiciones en la contratación del servicio objeto de investigación, contraviniendo los principios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia”, de acuerdo con el comunicado de la FGR.
