EFE.- Los latinos y los indígenas que viven a lo largo de la frontera de Estados Unidos y México tienen una expectativa de vida de dos años menos en comparación con sus mismas comunidades que viven en otras regiones del país norteamericano, según determinó un estudio publicado este miércoles en Journal of Health Affairs.
“Uno de cada siete habitantes de Estados Unidos es migrante y unos 15 millones de personas viven a menos de 160 kilómetros de la frontera”, escribió el editor jefe de la revista, Alan R. Weil.
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“Hay disparidades en la condición de salud entre las personas nacidas en Estados Unidos y aquellas que han migrado”, añadió.
Uno de los estudios, encabezado por Keith Gennuso, calculó que los residentes afroamericanos, blancos y asiáticos en los condados fronterizos tienen vidas más largas que sus contrapartes en el resto de Estados Unidos, pero los latinos y los nativos norteamericanos en esos mismos condados tienen una expectativa de vida más baja que sus partes en el resto del país.
Por su parte, Rodrigo Domínguez y Arturo Vargas Bustamante encontraron que las personas nacidas en México que retornaron a su país, voluntariamente o deportadas, en los primeros dos años después de su regreso tenían tasas de seguro médico más bajas que otros mexicanos que nunca salieron del país.
Una investigación encabezada por C. Nicholas Cúneo encontró que el 91.2% de las personas que llegaron a la frontera buscando asilo daban cuenta de exposición a repetidas situaciones traumáticas, en su mayor parte con amenazas de violencia, asalto sexual y ataques contra familiares o amigos
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En 2018 el entonces presidente Donald Trump instauró una política conocida como “carga pública”, por la cual se podía negar la residencia legal permanente a migrantes que hubieran recurrido o que, a criterio de los funcionarios de migración, pudieran recurrir en el futuro a los servicios sociales.
Otro de los estudios publicados, encabezado por Sharon Touw, calculó que el 25% de todos los trabajadores esenciales expuestos a la Covid-19 evitó los programas públicos debido a esa regla.
Esto significó que entre 1.3 millones y 2.1 millones de estos migrantes se abstuvieron de recurrir a cupones de alimentos o cuidados médicos subsidiados por Medicaid.
