El gobierno federal informó este martes que ya se acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la que se determinó que el presidente de México sí influyó en el proceso electoral del pasado 6 de junio.
En la sentencia SER-PSC-108/2021, los magistrados resaltaron que en las conferencias de prensa matutinas de los días 5, 6, 7 y 11 de mayo, el mandatario federal vulneró al principio equidad en la contienda electoral y uso indebido de recursos públicos.
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“Se considera que debido a la relevancia de su cargo y por la autoridad que representa, sus manifestaciones respecto a la presunta compra de votos por parte de Adrián de la Garza Santos, entonces candidato a la gubernatura de Nuevo León, postulado por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional, si encontraron asidero en la población receptora de los mensajes”, afirmaron.
La Sala Regional Especializada señaló que los actos en los que incurrió el presidente López Obrador no permiten una sanción, dado que se trata de infracciones electorales, sin embargo, los hechos “tienen especial relevancia si se considera la presencia protagónica en el gobierno del presidente de la república, por lo que tiene un deber especial de cuidar las conductas que realice en el ejercicio de sus funciones”.
“En consecuencia el citado servidor público debe actuar con mesura, conciencia y autocontrol, previamente a emprender cualquier acto, o bien cuando esté en curso un proceso electoral, en virtud de que está obligado a garantizar los principios constitucionales de imparcialidad, equidad y neutralidad, los cuales protestó hacer cumplir”, externó.
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El pasado 1 de julio, la Sala Especializada también refirió que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró la contienda electoral en los estados de San Luis Potosí y Nuevo León, con sus discursos en sus conferencias matutinas.
Los magistrados consideraron que López Obrador también incurrió en uso indebido de recursos públicos al pronunciarse sobre la cancelación del registro de Mónica Rangel como candidata de Morena a la gubernatura de San Luis Potosí, así como al afirmar que Adrián de la Garza, el candidato del PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, había comprado votos durante su campaña.
