EFE.- Decenas de estudiantes latinos en situación irregular en Estados Unidos, quienes denunciaron a un joven de la junta directiva de las Escuelas Públicas de Denver (DPS, por sus siglas en inglés) de abuso sexual, se beneficiarían con visas U, otorgadas a testigos o víctimas de crímenes, indicó este martes una dirigente republicana local al hacer una solicitud al distrito escolar y a los senadores estatales.
Según Priscilla Rahn, vicepresidenta del Partido Republicano de Colorado y con tres décadas de experiencia como maestra en DPS, 61 de las 62 presuntas víctimas de Tay Anderson, de 22 años, serían migrantes en situación irregular.
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Anderson, en su cargo desde diciembre de 2019, es la persona más joven en haber sido elegida para la junta de DPS. Durante su campaña electoral recibió el respaldo del Foro Latino de Colorado (CLF, por sus siglas en inglés).
El pedido de Priscilla Rahn se basa a su vez en el testimonio presentado el pasado 25 de mayo por Mary-Katherine Brooks Fleming, madre de tres estudiantes de DPS, ante el Senado de Colorado durante el debate sobre la ley SB21-088, o Ley de Responsabilidad por Abuso Sexual de Menores, aprobada el pasado 22 de junio.
La nueva ley permite que víctimas de abuso sexual presenten demandas judiciales contra instituciones u organizaciones que emplean a los abusadores.
Sin proveer otros detalles ni en el momento de su testimonio ni después, Brooks Fleming indicó ante los senadores que las acciones de Anderson habrían incluido desde contacto físico inapropiado o no deseado hasta violación, acusaciones que el dirigente, por medio de su abogado Christopher Decker ha negado en numerosas ocasiones.
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La investigación interna de DPS sobre la conducta de Anderson había comenzado el 26 de marzo pasado ya que la denuncia forma parte de una carta de Black Lives Matter a la junta directiva de DPS pidiendo formalmente que se investigase a Anderson por abuso de un menor en 2017.
Sin embargo, fue apenas el 28 de mayo cuando DPS reconoció públicamente la investigación contra Anderson, agregando que el Departamento de Policía de Denver (DPD, en inglés) también investigaría las denuncias.
De hecho, Jay Casillas, portavoz de la policía de Denver, instó a finales de mayo a las víctimas a ponerse en contacto con las autoridades, algo que hasta el momento no ha sucedido. Por eso, dijo Casillas, el DPD no ha presentado cargos formales contra Tay Anderson.
Priscilla Rahn argumenta que las presuntas víctimas no contactaron con la policía precisamente por su situación migratoria irregular y que esas personas necesitan las visas U para poder realizar las denuncias sin temor a una posible deportación.
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Una ley de Colorado aprobada este año agiliza ese trámite al exigir la cooperación inmediata de policías y jueces que deben completar los formularios correspondientes.
Pero hasta la fecha y a pesar de sus gestiones, ni el Foro Latino de Colorado ni la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Colorado (CIRC, en inglés) han logrado contactar a ninguna de las supuestas víctimas, sea para recibir declaraciones o para ayudarlas a obtener las visas U, una ayuda frecuentemente ofrecida por esas organizaciones.
Por eso han surgido serios cuestionamientos sobre la veracidad e incluso las motivaciones de las acusaciones de Brooks Fleming contra Anderson, conocido por su activismo en favor de los desamparados y de la igualdad de género.
