En México, cada 13 horas un funcionario público llevó a cabo un ataque hacia un integrante de los medios de comunicación, según reporta la organización Artículo 19.
En su informe anual Distorsión: el discurso contra la realidad, la organización señala que de enero a diciembre de 2020 se contabilizaron un total de 692 agresiones contra medios de comunicación en el país, las cuales estuvieron posiblemente vinculadas con su labor.
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Esta cifra representa 13.6% más que las agresiones registradas en 2019 y equivale a un ataque contra la prensa cada 13 horas, indica Artículo 19.
“El informe establece que el ambiente de violencia contra la prensa se mantiene en ascenso, como ha sido en los últimos 13 años, y que colocan el 2020 como el periodo más violento contra la prensa desde que se tiene registro”, señala la organización.
Agrega que, en poco más de dos años de la administración actual, 17 periodistas han sido asesinados, posiblemente por motivos vinculados a su trabajo.
Sólo en 2020 se registró el asesinato de seis periodistas, destaca.
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Las entidades que más sufrieron ataques contra la prensa en 2020 fueron la Ciudad de México, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Oaxaca, según la organización. En conjunto, señala, estos cinco estados sobrepasan el 47% del total nacional de agresiones a periodistas.
“Muchas de las agresiones vienen desde el mismo aparato estatal y se multiplican por la estigmatización de la prensa que se propaga desde el poder”, indica el informe. Esto, dice, da cierto “permiso” a otros para agredir a la prensa.
“Alienta a autoridades locales a ejercer el mismo tipo de discurso contra los medios y se envía un mensaje permisivo hacia particulares y otros poderes fácticos que encuentran en las narrativas estigmatizantes ‘un impulso para amenazar, agredir y asesinar periodistas sin temor a que haya alguna respuesta contundente del Estado’”.
Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, indicó que durante 2020 el sello del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador fue “utilizar la distorsión como mecanismo para alterar la percepción de las realidades al deformarlas mediante el discurso”, pues “se siguen sosteniendo viejos anclajes autoritarios en materia de libertad de expresión”.
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El informe señala también que existe un intento de control y censura de Internet, a fin de “menguar su potencial democratizador y evitar que la narrativa y del desempeño oficiales se sujeten a escrutinio y crítica sociales”.
Además, dice que es preocupante que los “otros datos” que López Obrador dice tener, sobre todo en materia de derechos humanos, parecen no existir en los acervos documentales oficiales.
Enfatiza en que se tiene documentado que en 2020 murieron casi 100 periodistas a causa de la Covid-19, lo que “visibilizó la falta de medidas mínimas para garantizar los derechos laborales y de seguridad social que enfrentan miles de comunicadores en este país”.
Artículo 19 lamentó también lo que llamó “el desmantelamiento de la protección de derechos”, que hace referencia a la intención del presidente de desaparecer al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Así como la negación del hecho de que existen violaciones a los derechos humanos, como tortura, desapariciones y masacres, “lo que impacta en la garantía plena del derecho a la información que asiste a las víctimas y a la sociedad”.
