La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, propuso que el máximo tribunal admita a trámite la controversia constitucional sobre el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la cual fue desechada por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá.
“Esta Primera Sala considera que, en el caso, la improcedencia de la controversia constitucional no es ni manifiesta ni notoria, por lo que debe revocarse el auto recurrido y admitirse la demanda”.
Así lo manifestó la ministra Piña en virtud de la revisión un recurso de reclamación de la FGR derivado de la controversia constitucional 50/202 interpuesta por el Congreso de Tamaulipas en abril pasado contra la decisión del pleno de la Cámara de Diputados de declarar el desafuero de García Cabeza de Vaca.
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La misma, turnada a Juan Luis Alcántara Carrancá, no fue admitida a trámite por el ministro al considerar que los diputados locales no fueron afectados en su esfera de competencia.
“El Ministro instructor determinó, a partir de la revisión integral de la demanda (…) la causa de improcedencia prevista en el artículo 19, fracción VIII, de la Ley Reglamentaria de la materia 7, en relación con el artículo 105, fracción I, inciso a), de la Constitución Federal 8, debido a que el Poder Legislativo de Tamaulipas carece de interés legítimo para promover la controversia constitucional, por lo que desechó de plano la demanda”, se indicó.
En su exposición, la ministra Piña consideró que este tema sí requiere de la resolución en el máximo tribunal, pues ambos poderes legislativos, el federal y el estatal, acusan la intromisión en asuntos de su competencia.
“A juicio de esta Primera Sala, la improcedencia de la controversia constitucional no es ni notoria ni manifiesta, pues se advierte un principio de agravio consistente en la posible vulneración de las competencias constitucionales del Poder Legislativo actor, así como de la cláusula federal, y para resolver esta cuestión es necesario realizar consideraciones interpretativas de cierta envergadura, que deben acometerse por el órgano colegiado”, señala la propuesta de la ministra.
Por lo anterior, Piña Hernández resolvió que sea revocado el acuerdo recurrido el 14 de mayo pasado en el que el ministro Carrancá desechó de plano la demanda de la controversia constitucional 50/2021.
“Es una cuestión que deberá decidirse por la Suprema Corte, ya sea en sala o en pleno, una vez recabados los elementos de juicio necesarios y en las condiciones deliberativas adecuadas, es decir, en el momento de emitir la sentencia correspondiente”, solicitó.
Fue el pasado 30 de abril cuando la legisladora Marta Patricia Palacios Corral, en su calidad de Presidenta del Congreso Constitucional del Estado de Tamaulipas, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de Tamaulipas y otros legisladores, promovieron la controversia constitucional en contra del resolutivo de la Cámara de Diputados del Congreso de La Unión.
En específico demandaron contra el aval de la Cámara de Diputados para el desafuero inmediato del gobernador García Cabeza de Vaca.
El pasado 14 de mayo el ministro Carrancá determinó desechar, “por notoria y manifiesta improcedencia, la demanda presentada en vía de controversia constitucional por el Poder Legislativo de Tamaulipas”.
Contra esta determinación, el fiscal General de la República (FGR) Alejandro Gertz Manero interpuso el recurso de reclamación ante la SCJN.
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La impugnación se presentó debido a que la resolución del ministro impide a la FGR para actuar legalmente contra el mandatario estatal, contra quien solo podrá solicitar su captura y en su caso detenerlo cuando termine su mandato, es decir, en octubre de 2022.
