Por Isabela González
Daniela Berriel y sus abogados alertan que las autoridades del estado están obstruyendo el proceso legal en contra de Eduardo Ojeda Franco.
En marzo del año pasado, ella denunció que fue violada por Ojeda Franco en Acapulco, Guerrero. Tras un año de inacción, la Fiscalía de Guerrero ejecutó una orden de aprehensión en contra del acusado solo después de que el caso se hizo viral cuando Daniela lo dio a conocer en redes sociales.
En abril de este año, el juez determinó que, en efecto, Daniela fue violada pero exoneró a Ojeda Franco porque en una prueba solicitada por su defensa se dictaminó que no había coincidencia genética.
Han pasado 15 días desde que Daniela y sus abogados solicitaron tener acceso a esa prueba genética sin tener respuesta. La defensa de Daniela acusa que las autoridades judiciales en Guerrero tampoco permiten que el testigo principal de Daniela acuda a una audiencia para dar su testimonio.
Este viernes 2 de julio habrá una sesión de apelación en la que los abogados de Daniela cuestionarán la decisión del juez del pasado 9 de abril de dejar libre a quien ella apunta como su violador.
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